Sentencia N° 63 Constitucional TSJ 2001: Rosalba Garcia Quintero — La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosalba García Quintero, quien alegaba la violación de su derecho a la propiedad sobre dos inmuebles. La decisión del Juzgado Superior Primero Accidental en lo Penal, que confirmaba el decomiso de dichos inmuebles, fue dictada el 11 de junio de 1999. La Sala argumenta que la acción fue interpuesta fuera del lapso de seis meses establecido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que implica un consentimiento tácito de la demandante respecto a los efectos del acto de decomiso.

La Sala formula las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe pronunciarse esta Sala Constitucional acerca de su propia competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional. A tal efecto se observa que, tal y como lo señaló esta Sala en su decisión de fecha 20 de enero del 2000 (caso Emery Mata Millán), corresponde a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. En tal sentido, y por cuanto la sentencia objeto de la presente acción fue dictada por un Juzgado Superior, la competencia para conocer del presente amparo corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y así se declara. Respecto a la admisibilidad, se observa lo siguiente: Como fue señalado, el hecho presuntamente lesivo es la sentencia mediante la cual el Juzgado Superior Primero Accidental en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, confirma el decomiso sobre los inmuebles antes identificados; decisión que es de fecha 11 de junio de 1999. Por otra parte, el escrito de la acción de amparo es interpuesto en fecha 4 de agosto de 2000, según consta de certificación de recibo que cursa al folio 22 del presente expediente. Ello implica que entre ambas fechas transcurrió sobradamente el lapso de seis meses previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En tal virtud, debe considerarse que existe un consentimiento por parte de la accionante respecto de los efectos del acto de decomiso en referencia sobre su derecho a la propiedad. Por ello, la acción interpuesta resulta inadmisible. Así se decide.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ROSALBA GARCIA QUINTERO contra la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 1999, por el Juzgado Superior Primero Accidental en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.