Sentencia N° 625 Constitucional TSJ 2000: María Elisa Díaz Tomas vs Corte Primera de lo Contencioso… — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por María Elisa Díaz Tomás contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala declaró su competencia para conocer el caso y admitió la acción, argumentando que la decisión impugnada infringía derechos y garantías constitucionales. Además, se acordó una medida cautelar innominada, ordenando la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada mientras dure el proceso.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Que en sentencias de fecha 20 de enero del presente año (casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja) este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, en relación a las acciones de amparo contra sentencias que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se sostuvo que corresponde a esta Sala la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. Observa esta Sala que, en el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción, ha sido dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Siendo ello así, esta Sala - aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito - resulta competente para conocer de la presente acción, y así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente: 1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA ELISA DÍAZ TOMAS representada por el abogado Alberto Viloria Rendón contra la decisión dictada el 2 de julio de 1999, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en el procedimiento de amparo propuesto por la presunta agraviada contra actuaciones del Municipio Autónomo Ortiz del Estado Guárico y de la sociedad de comercio Corporación Invercampa S.A., la cual se ADMITE. 2.- Se ordena la notificación del Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción, adjunto con la notificación. No se ordena la notificación del accionante por estar a derecho. 3.- Se ordena la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, notificar a las otras partes en el proceso donde se dictó el fallo impugnado, es decir, al Municipio Autónomo Ortíz del Estado Guárico y la sociedad de comercio Corporación Invercampa S.A. de la presente admisión, notificación que una vez realizada, debe hacerla del conocimiento inmediato de esta Sala, bajo pena que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden del Tribunal Supremo. 4.- Se ACUERDA la medida cautelar innominada; en consecuencia, se ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, abstenerse de ejecutar la decisión impugnada. En caso de que se hubiera realizado algún acto de ejecución del fallo cuestionado, se ordena a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, notificar a los interesados que los efectos de la mencionada sentencia, se encuentran en suspenso mientras dure la presente causa. Asimismo, mientras se encuentren suspendidos los efectos de la sentencia cuestionada, se mantendrá lo acordado en la sentencia dictada en primera instancia constitucional, el 5 de mayo de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay Estado Aragua.