Sentencia N° 622 Constitucional TSJ 2001: Bruno Zulli Kravos vs Procesadora de Maderas Guayana S.A. — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Bruno Zulli Kravos contra una sentencia que declaró con lugar la nulidad de cesión de derechos forestales. La Sala revocó la decisión del Juzgado Superior, considerando que se vulneraron los derechos a la defensa y al debido proceso del accionante. Se declaró la nulidad absoluta del proceso instaurado por la sociedad Procesadora de Maderas Guayana S.A. y se ordenó remitir el expediente al Juzgado con competencia agraria correspondiente.

Para decidir la Sala observa: De las actas de este expediente se evidencia que en fecha 24 de septiembre de 1998 los abogados en ejercicio Rafael Badell Madrid, y Álvaro Badell Madrid, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Procesadora de Maderas Guayana S.A., interpusieron por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas demanda de Nulidad de Cesión de Derechos Forestales contenida en un contrato celebrado entre la parte actora y el demandado ciudadano Bruno Zulli y la empresa Consorcio Maderero Forestal. Ahora bien, de un detenido estudio del documento donde funda su pretensión la parte actora - documento fundamental de la demanda -, en este caso, el contrato autenticado por ante la Notaria Pública Primera de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar de fecha cierta 21 de junio de 1993, el cual quedó anotado bajo el nº 40, tomo 77 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria pública, se evidencia que versa sobre materia agraria, ya que se encuentra referido a la explotación y la cesión de derechos sobre la Reserva Forestal de IMATACA, Unidad C-3, ubicada en el Estado Bolívar, lo cual configura el supuesto de hecho contenido en el articulo 140 literal a) de la Ley de Reforma Agraria, que establece: “Se denominan contratos agrícolas y se rigen por la presente ley, sin perjuicio de lo que dispongan leyes o reglamentos especiales, los siguientes : a) Todos los contratos mediante los cuales se realice la explotación agrícola de un predio rural, así como las negociaciones sobre la misma explotación por quien no sea el propietario o usufructuario del inmueble”. La ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios en su articulo 12 literal J) establece: “Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán entre otros, de la pretensiones que se promuevan con ocasión de los siguientes asuntos : omissis J) Acciones que se deriven de contratos agrarios”. Lo anterior evidencia plenamente que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas resultaba incompetente por conocer de dicha demanda, incompetencia fundada en razón de la materia, establecida en el artículo 28 del vigente Código de Procedimiento Civil, el cual inicia la normativa sobre la Competencia Objetiva, estableciendo que la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión debatida y por las disposiciones legales que le sean aplicables, y fija limites improrrogables o absolutos al ejercicio de la jurisdicción. La distribución de la competencia obedece a una finalidad pública, a un interés social, ya que muchas y muy variadas razones han inducido al legislador a crear, al lado de la jurisdicción ordinaria civil, tradicionalmente competente para conocer de todas las materias, múltiples competencias especiales. Entre estas razones, siguiendo la enseñanza del insigne procesalista Chiovenda, por ejemplo, determinados tipos de litigios exigen del juez que, para obtener un conocimiento más exacto de los hechos y lograr una decisión más justa, haya necesidad de una previa preparación técnica, que no se presume en el juez ordinario civil y, por ello, se impone la división del trabajo judicial, ante la complejidad de los fenómenos sociales, con jueces que tengan conocimientos especiales, como ocurre con la jurisdicción en materia fiscal o como en el presente caso en materia agraria, las cuales son calificadas como jurisdicciones especiales.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) REVOCA la decisión dictada en fecha 19 de enero de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en la acción de amparo constitucional interpuesta por la representación judicial del ciudadano BRUNO ZULLI KRAVOS, 2) CON LUGAR la acción de amparo constitucional con relación a la protección a sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, contra la sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar la demanda de nulidad de cesión incoada por la empresa Procesadora de Maderas Guayana S.A., contra el Consorcio Maderero Forestal (COMAFOR) y contra el ciudadano Bruno Zulli Kravos. el cual cursa en el expediente n° de la nomenclatura interna llevada por ese Juzgado. 3) LA NULIDAD ABSOLUTA del proceso instaurado por la sociedad mercantil Procesadora de Maderas Guayana S.A. en contra del accionante por haberse conculcado en forma flagrante el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, y por un juez competente, del accionante y, en consecuencia, se REPONE dicha causa al estado que sea dictado nuevo auto de admisión si fuere procedente hacerlo y se ordena al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas que conoció en Primera Instancia de esta acción de amparo ordenar al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas que remita dicha causa al Juzgado distribuidor de Primera Instancia con Competencia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a fin de que se proceda a la distribución de ésta. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.