Sentencia N° 618 Constitucional TSJ 2000: Fondo de Inversiones de Venezuela — Amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un procedimiento de amparo constitucional interpuesto por el Fondo de Inversiones de Venezuela. La solicitud fue presentada en abril de 1998 y se refería a una decisión del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La Sala, tras analizar la competencia y el tiempo transcurrido desde la decisión de amparo, ordenó al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito informar sobre el estado de la apelación relacionada con el caso. El magistrado disidente, Héctor Peña Torreles, expresó su desacuerdo con la decisión de la mayoría, argumentando que la Sala Constitucional no tenía competencia para conocer de acciones de amparo contra decisiones judiciales, basándose en la interpretación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El disidente consideró que la competencia debía ser declinada a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión fue firmada por el presidente de la Sala, Iván Rincón Urdaneta, y otros magistrados, y se ordenó su publicación y registro.

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo anterior, estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia de la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Ordena a la Secretaría de esta Sala Constitucional solicitar al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, informar, en el término de cinco (5) días hábiles, a esta Sala si en el juicio por cobro de bolívares, seguido por el ciudadano Luis Rincón Cano contra el ciudadano Nicolás Figueroa González, ha sido resuelta la apelación propuesta contra la decisión dictada el 1º de abril de 1998, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la solicitud debe advertirse al órgano jurisdiccional, que en el caso de haya habido pronunciamiento deberá enviar copia de la decisión dictada.