Sentencia N° 616 Constitucional TSJ 2000: Omar Antonio Ramírez Bustillos — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de una acción de amparo interpuesta por Omar Antonio Ramírez Bustillos contra una medida de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Penal. La Sala declaró con lugar la acción de amparo, argumentando que la medida había sido decretada sin el debido proceso y antes de que existiera una sentencia firme en el caso penal correspondiente. Se destacó que el demandante había mantenido su oposición a la medida a través de otras vías judiciales, lo que evidenció que no había consentido la situación que lo afectaba.

La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgado superior al revisar el análisis realizado por el a quo para declarar la inadmisibilidad o admisibilidad de dicha solicitud, posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado por aquél. Vista la decisión, objeto de reproducción por esta Sala, proveída por la Sala nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de fecha 20 de enero de 2000; visto igualmente el escrito de solicitud de amparo constitucional que encabeza las presentes actuaciones, este juzgador observa: En el presente caso ha sido interpuesta una solicitud de tutela constitucional contra un decreto de prohibición de enajenar y gravar, de fecha 10 de abril de 1996. Con relación a la fecha en la cual se produjo el acto que se ataca, existía una causal de inadmisibilidad perfectamente aplicable al caso, establecida en el artículo 6, ordinal 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual reza: “Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: (...) 4) Cuando La acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurridos los lapsos de prescripción establecido en leyes especiales o en su defecto seis meses después de la violación o amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de enero de 2000, por la Sala nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano OMAR ANTONIO RAMÍREZ BUSTILLOS, contra la decisión que acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar respecto de dos bienes inmuebles propiedad del querellante, emanada del Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Puerto Cabello, en fecha 10 de abril de 1996. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para su archivo. Cúmplase lo ordenado.