Sentencia N° 615 Constitucional TSJ 2001: Víctor Oscar Ramírez Escalante — Aclaratoria de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 2 de mayo de 2001, declaró improcedente la solicitud de aclaratoria presentada por el abogado Liborio Camacho Quintero en nombre de su cliente, VÍCTOR OSCAR RAMÍREZ ESCALANTE. La solicitud se fundamentó en la supuesta violación de derechos constitucionales relacionados con prestaciones sociales y el derecho a la defensa, en el contexto de un amparo constitucional contra una sentencia previa del Juzgado Superior Primero en lo Civil de Mérida. La Sala reiteró que el amparo constitucional no es un medio para debatir errores de juzgamiento de los tribunales, sino para proteger violaciones directas de derechos constitucionales. En este sentido, se enfatizó que la acción de amparo debe limitarse a la confrontación de hechos con normas constitucionales, y no con normas de orden legal, lo que llevó a la declaración de improcedencia del amparo interpuesto. Finalmente, la Sala dejó claro que la solicitud de aclaratoria no puede ser utilizada como un recurso para modificar o revocar decisiones ya tomadas, reafirmando así los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales.

La Sala debe reiterar, una vez más, que a través del amparo constitucional no se pueden debatir presuntos errores de juzgamientos de los tribunales, así como tampoco decisiones reñidas con la legalidad, como sucede en el caso de autos cuando se denuncia que la sentencia impugnada viola el artículo 12 del Código Procedimiento Civil y está viciada de ultrapetita y extrapetita. En efecto, debe reafirmarse que el amparo constitucional solamente procede ante las violaciones directas de garantías o derechos constitucionales y no ante violaciones de orden legal pues debe evitarse que dicha institución se convierta en una tercera instancia. Esta consideración conduce a declarar la improcedencia del amparo interpuesto. Así se decide. Respecto a este punto estima la Sala pertinente reiterar los criterios expuestos en la sentencia nº 492 del 21.05.00, cuyo tenor es el siguiente: 'Tal como ha sido narrado, en el presente caso la parte actora invoca como fundamento de su acción la violación de una prolija cantidad de normas de orden legal para de allí derivar la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Esta práctica o forma de ejercer la acción de amparo no resulta aislada o excepcional, antes por el contrario, ha venido observando esta Sala que la misma se ha convertido en el modo más frecuente de ejercer este tipo de acción, lo cual obliga a formular un llamado de atención al foro jurídico y en especial a los abogados que frecuentemente hacen uso de este medio procesal, para que se tenga presente que a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no solo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción.'

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo ejercido por el ciudadano VÍCTOR OSCAR RAMÍREZ ESCALANTE, contra la decisión dictada el 24 de abril de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.