Sentencia N° 614 Constitucional TSJ 2000: General de Brigada (GN) Ramón Antonio… vs Juzgado de Sustanciación de la Corte Marcial

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, abordó la acción de amparo constitucional presentada por el General de Brigada Ramón Antonio Rodríguez Mayol y el Coronel Juan Ubaldo Jiménez Silva, quienes alegaron violaciones a sus derechos a ser juzgados por sus jueces naturales y al debido proceso. La Sala determinó que el Juzgado de Sustanciación de la Corte Marcial era competente para conocer de la causa, dado que los delitos imputados eran de naturaleza militar y, por tanto, debían ser juzgados por la jurisdicción militar. La Sala concluyó que no se habían vulnerado los derechos constitucionales de los accionantes, ya que el proceso judicial en la jurisdicción militar les ofrecía las garantías necesarias para su defensa. Por lo tanto, se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, reafirmando la competencia de la Corte Marcial para conocer de los delitos en cuestión. Finalmente, la decisión fue firmada por el Magistrado Ponente Iván Rincón Urdaneta y otros magistrados, y se ordenó la publicación y registro de la sentencia.

Como ha sido narrado anteriormente, los accionantes invocan como fundamento de sus acciones de amparo constitucional la violación de sus derechos a ser juzgados por sus jueces naturales, a la defensa y al debido proceso, toda vez que el Juzgado de Sustanciación de la Corte Marcial era incompetente para conocer de los delitos por los cuales se les dictó auto de detención, correspondiéndole el conocimiento de los mismos a los tribunales con competencia en materia de salvaguarda del patrimonio público. Ahora bien, esta Sala a los fines de ilustrar la presente decisión, pasa a realizar las siguientes consideraciones: El artículo 21 del Código Orgánico de Justicia Militar establece: “...El personal de las Fuerzas Armadas Nacionales queda sometido a la jurisdicción ordinaria por los delitos comunes que cometan, salvo las excepciones establecidas en el ordinal 3º del artículo 123, caso en el cual serán aplicables las disposiciones del Código Penal, sobre los delitos comunes de que trate...”. A su vez el ordinal 3º del artículo 123 del mismo Código Orgánico establece: “La jurisdicción militar comprende... 3º Los delitos comunes cometidos por los militares en cuarteles, guarniciones, escuelas y establecimientos militares, almacenes de las Fuerzas Armadas, oficinas militares y cualquiera otro establecimiento militar, en funciones militares, en acto de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas...”. De acuerdo con estas disposiciones, rige el principio general de que los miembros de las Fuerzas Armadas están sometidos a la jurisdicción penal ordinaria, cuando cometan delitos comunes, salvo que para el momento de la perpetración de dichos delitos, se encuentren en ejercicio de una función militar, en acto de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas, caso en el cual el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción militar.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la acción de amparo constitucional intentada por los ciudadanos General de División (GN) Ramón Antonio Rodríguez Mayol y el Coronel (GN) Juan Ubaldo Jiménez Silva, en contra de la decisión emitida por el Juzgado de Sustanciación de la Corte Marcial de Venezuela, en fecha 10 de abril de 1999. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.