Sentencia N° 612 Constitucional TSJ 2001: Alirio José Arias Rivas vs Carlos Ramón Blanco Espinoza e Ilbia Teresa…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 2 de mayo de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Alirio José Arias Rivas, en representación de los ciudadanos Carlos Ramón Blanco Espinoza e Ilbia Teresa Espidea Vergara, contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que había declarado sin lugar la acción de amparo constitucional. La Sala determinó que el auto del 17 de febrero de 2000, que ordenaba la medida de secuestro, no requería la citación de los demandados, por lo que no se violaron sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Aprecia esta Sala Constitucional que, en el caso de autos, el accionante alegó en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta que no se dio cumplimiento al contenido del auto del 17 de febrero de 2000, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de cuyo contenido se desprende entre otros, que “...el Tribunal proveerá acerca de la medida de secuestro solicitada una vez conste en autos la citación de los demandados...”, toda vez que dicha medida fue decretada por el a quo sin ser sus representados - demandados en el juicio por resolución de contrato - previamente citados, violándose con ello las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso. Vista la acción de amparo constitucional interpuesta, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la misma Circunscripción Judicial emitió el pronunciamiento objeto de la apelación que conoce esta Sala en el cual declaró sin lugar dicha acción, en virtud de que el referido auto no estaba ajustado a derecho por cuanto las medidas preventivas son dictadas inaudita parte, es decir, sin conocimiento de la parte contra quien obra la medida. Al respecto la Sala observa, que es pertinente citar en cuanto al procedimiento de las medidas preventivas lo dispuesto en los artículos 601 y 602 del Código de Procedimiento Civil, que rezan lo siguiente: “Artículo 601. Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarlas sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse el mismo día en que se haga la solicitud, y no tendrá apelación”. Artículo 602. Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella...”. Del contenido de los artículos antes reproducidos se desprende que en el proceso cautelar, no se requiere la citación de la parte que pueda ser afectada en sus intereses por medio de una medida preventiva, es decir, que una vez realizada la solicitud de secuestro, la que puede ser presentada con la demanda o con posterioridad a la introducción de ésta, el Tribunal deberá proveer sobre ella, al decretarla o negarla, sin citación de la contraparte.

Por las razones precedentes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Alirio José Arias Rivas, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CARLOS RAMON BLANCO ESPINOZA E ILBIA TERESA ESPIDEA VERGARA, contra la sentencia dictada el 27 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta contra el incumplimiento del auto del 17 de febrero de 2000, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; y en consecuencia, CONFIRMA la referida decisión.