Sentencia N° 611 Constitucional TSJ 2000: Lubín Aguirre Martínez — Recurso de nulidad y amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un recurso de nulidad interpuesto por Lubín Aguirre Martínez contra un acto de la Inspectoría General de Tribunales que solicitaba su destitución. La Sala determina su incompetencia para conocer del caso, declinando el conocimiento a la Sala Político Administrativa. Se argumenta que el acto impugnado no fue dictado en ejecución directa de la Constitución, lo que limita la jurisdicción de la Sala Constitucional.

El caso que nos ocupa consiste en una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida de forma conjunta con amparo constitucional contra un acto emanado de la Inspectoría General de Tribunales, por medio del cual se acusa al ciudadano Lubín Aguirre Martínez, hoy accionante, por ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, y se solicita su destitución del cargo de Juez Superior. Tal acusación es realizada por los funcionarios de la Inspectoría General de Tribunales, en ejercicio de las atribuciones que les confiere el artículo 29 del Decreto de Transición del Poder Público de fecha 22 de diciembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.589 del 29 de diciembre de 1999. Ahora bien, a fin de determinar la instancia competente para conocer de las acciones de nulidad por razón de inconstitucionalidad que se interpongan contra actos del Poder Público, hay que atender, en primer término, al esquema de distribución de competencias que a tal efecto establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el control que ejerce esta Sala respecto a la constitucionalidad de los actos del Poder Público encuentra expresa consagración en el artículo 334 de la nueva Carta Magna, que reza: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad, y en consecuencia DECLINA el conocimiento del mismo en la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente.