Sentencia N° 609 Constitucional TSJ 2000: Nora Mustafa Núñez vs Salón de Belleza Nera y Marión C.A. — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Nora Mustafa Núñez, en su carácter de encargada del fondo de comercio Nera y Marión, contra la decisión del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Carabobo. La Sala declaró con lugar la acción, argumentando que se vulneró el derecho a la defensa al no permitir la evacuación de prueba de informes que era fundamental para demostrar la tácita reconducción del contrato de arrendamiento.

Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la presente consulta y a tal efecto observa: Consta en autos el libelo original y su reforma, por el cual la ciudadana Celeste Estela Albornoz de Zahalan, demandó a la sociedad mercantil Salón de Belleza Nera y Marión, el cumplimiento de un contrato de arrendamiento por tiempo determinado de un local comercial (folios 53 al 54 y 60 al 61). Consta en autos que la ciudadana Nora Mustafa Núñez, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil Salón de Belleza Nera y Marión, contestó en fecha 26 de marzo de 1999, la demanda antes referida, oponiendo el carácter indeterminado del contrato de arrendamiento cuyo cumplimiento se demandó. (folios 66 al 67) Igualmente, se evidencia de los autos que en el mismo acto de la contestación de la demanda, la demandada consignó comprobantes de pago de las pensiones de arrendamiento, comprobantes de la consignación de los cánones arrendaticios realizadas ante el Juzgado Segundo de Parroquia de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial de Estado Carabobo y recibos cancelados de los servicios públicos utilizados (folios 68 al 120). Habiendo desconocido la firma de los recibos de pago el apoderado de la arrendadora, en fecha 5 de abril de 1999 y no habiéndose propuesto el cotejo, los mismos quedaron desconocidos (folio 121). Consta igualmente en autos que la demandada promovió, además de las pruebas previamente consignadas, prueba de informes para que el Juzgado Sexto de Parroquia de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial de Estado Carabobo, informara al juzgado de la causa sobre el retiro de los cánones consignados por su representada por parte de la arrendadora (folio 123). No consta auto de admisión de las pruebas promovidas, ni oposición a las mismas, por lo que ciertamente como lo establece el a quo, las mismas quedaron admitidas a tenor de lo previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. No se evidencia la evacuación de la prueba de informes mencionada con anterioridad, a pesar de la consignación de la planilla de pago de arancel judicial para su evacuación. (folio 127) No obstante, la no evacuación de la referida prueba, el Juzgado Sexto de Parroquia de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial de Estado Carabobo, en decisión de fecha 10 de mayo de 1999, sostuvo que “las mismas son irrelevantes a la presente causa, por cuanto la demanda lo es por cumplimiento de contrato en virtud del vencimiento del término”. La parte demandada fundamentó su apelación ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, entre otros argumentos, en la violación de los artículos 67 de la Constitución de 1961, 15 y 399 del Código de Procedimiento Civil y 8 del Pacto de San José, por considerar que tenía derecho a que se evacuara dicha prueba de informes. Nótese que la falta de valoración de dicha prueba se denuncia también como infracción en la acción de amparo constitucional. Por su parte, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al conocer de la apelación contra el fallo antes referido, sobre la prueba de informes, señaló: “... c) En el capítulo tercero de su escrito de pruebas solicitó se oficiara a dicho juzgado para que a través de la prueba de informes, remitiera al tribunal de la causa información acerca de la veracidad de dichas consignaciones; esta prueba a pesar de haber sido silenciada su admisión, los hechos que trataban de probarse con ella, están valorados en el capítulo anterior”. De todo lo anterior observa esta Sala: a) la parte demandada promovió una prueba de informes con la finalidad de demostrar su argumento de haber operado la tácita reconducción del contrato de arrendamiento. b) al no pronunciarse sobre su admisión y al no existir oposición por su contraparte, la misma fue admitida, por mandato del artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. c) no obstante su admisión y la existencia del pago por concepto de arancel judicial, la misma no fue evacuada. d) tanto el Juzgado Sexto de Parroquia de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial de Estado Carabobo, como el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en sus fallos definitivos declararon la irrelevancia de dicha prueba, emitiendo un juicio de valoración negativo sin que hubiese sido evacuada la misma. En ese contexto, esta Sala observa que el a quo acertó al declarar la procedencia del amparo y la reposición de la causa al estado de evacuar dicha prueba, por cuanto consta en autos que el alegato central de la demandada en el juicio principal –hoy accionante en amparo- lo fue la tácita reconducción del contrato de arrendamiento, por lo que en consecuencia el mismo se había convertido en un contrato a tiempo indeterminado, sujeto a un procedimiento distinto al del juicio breve, y que para demostrar tal hecho promovió una prueba de informes la cual fue admitida en lo términos antes expuestos, además de ello se pagaron los aranceles judiciales respectivos, sin embargo la prueba no fue evacuada. Por lo tanto no se explica que dos tribunales de instancia se pronunciaron sobre la irrelevancia de la prueba de informes para desvirtuar el incumplimiento del término fijado para la entrega del local comercial arrendado, siendo que la misma no existía en autos por no haber sido evacuada. Esta circunstancia a juicio de la Sala impidió a la accionante ejercer el derecho a ser oída, como correlativo al derecho a la defensa, previsto en el artículo 68 de la derogada Constitución de 1961 (artículo 49 de la Constitución vigente), por lo que el fallo sujeto a consulta debe ser confirmado, sin que ello implique prejuzgar sobre el valor probatorio de la prueba de informes en el juicio de cumplimiento de contrato, y así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA con las modificaciones señaladas en el presente fallo, la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 8 de febrero del año 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida contra la decisión de fecha 20 de diciembre de 1999, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.