Sentencia N° 606 Constitucional TSJ 2001: Ana Mercedes Alvarado Herrera — Recurso de hecho en amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de hecho interpuesto por Ana Mercedes Alvarado Herrera contra la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Penal de declarar improcedente su apelación. La Sala constató que el Juzgado no cumplió con el procedimiento legal al no realizar la audiencia constitucional, lo que violó los derechos de la recurrente al debido proceso y a la defensa. Por lo tanto, se revocó el fallo recurrido y se ordenó la realización de la audiencia correspondiente.

Revisadas como han sido las actas procesales contenidas en el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, y a tal efecto observa: El Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 25 de marzo de 1995, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Mercedes Alvarado Herrera contra la decisión que dictara el mismo juzgado, el 22 de marzo de 1996, en la cual declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la mencionada abogada contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, por cuanto consideró que las decisiones de los Juzgados Superiores en lo Penal, no tenían apelación. Al respecto observa la Sala, que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, vigente desde 1988, determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. Así el artículo 4 eiusdem dispone lo siguiente: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” Del contenido del artículo antes citado se desprende que la competencia para conocer de la llamada acción de amparo contra sentencia, corresponde a un tribunal superior al que dictó la decisión accionada. En el presente caso, la recurrente accionó en amparo constitucional contra una decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de la cual conoció en primera instancia el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, decisión esta que tenía apelación de conformidad con el artículo 35 de la mencionada Ley que establece que “...Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto...”. El artículo en referencia consagra el principio judicial de la doble instancia de la jurisdicción, de manera que toda sentencia dictada por un Juzgado en primera instancia tiene recurso de apelación ante el Superior respectivo, que en presente caso le correspondía conocer a la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, no como recurso de casación, como lo afirmó el Juez accionado, sino en apelación como Tribunal Superior al que emitió la decisión.

Por las razones precedentes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley: 1) Declara CON LUGAR el recurso de hecho ejercido por la por la ciudadana ANA MERCEDES ALVARADO HERRERA, contra la decisión dictada el 25 de marzo de 1996, por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la referida ciudadana contra la sentencia que dictara el 22 del mismo mes y año, y en consecuencia, se REVOCA, el fallo recurrido. 2) Revoca la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara del 22 de marzo de 1996. 3) REPONE la causa al estado de que se fije la audiencia constitucional, consagrada en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, previa las notificaciones correspondientes, a cuyo efecto ORDENA remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Estado Lara. 4) ORDENA remitir copia del presente fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría de.