Sentencia N° 602 Constitucional TSJ 2000: Antonio Miquele Bruno Carriero vs Artur Goncalvez de Carvalho — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia dictada el 18 de febrero de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por Antonio Miquele Bruno Carriero contra la sentencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo. Se argumenta que el tribunal de instancia no valoró adecuadamente las pruebas documentales presentadas, lo que constituyó una violación del derecho al debido proceso. La Sala resalta que la falta de valoración de las pruebas documentales promovidas por la parte actora es un quebrantamiento del debido proceso.

La Sala observa que el tribunal de la causa declaró con lugar la acción de amparo, por violación del derecho al debido proceso, toda vez que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no estimó las pruebas documentales promovidas por la parte aquí accionante. En particular, el referido Juzgado habría negado valor probatorio a las copias certificadas que, expedidas por el correspondiente Juzgado de Parroquia, serían demostrativas de la consignación de los cánones de arrendamiento cuya falta de pago había sido la causa de la demanda de resolución de contrato. Y el motivo de tal negativa habría sido que no se había evacuado una prueba de informes, cuyo propósito era que el Juez del Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo señalara la veracidad de la consignación de los cánones de arrendamiento. La Sala advierte que, efectivamente, cursan en el expediente (folios 53 al 79), copias expedidas por el Secretario del Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, relativas a las consignaciones que hiciera el ciudadano Artur Goncalvez Carvalho, por concepto de cánones de arrendamiento, a favor del ciudadano Sabas Tsakiroglu. En consecuencia, la citada prueba documental debió ser objeto de la valoración correspondiente. Esta falta de valoración constituyó violación del derecho al debido proceso. Por ello, la Sala debe confirmar la sentencia sometida a consulta. Así se declara.

PRIMERO: Se declara no concluido el referido juicio y se repone la causa correspondiente al juicio intentado por SABAS TSAKIROGLU PANAGIOTIDIS, contra el ciudadano ARTUR GONCALVEZ de CARVALHO, por Resolución de Contrato de Arrendamiento, al estado de que el Tribunal de alzada que conoció de dicha causa dicte nueva sentencia definitiva y, en consecuencia, de esta reposición; se anula y deja sin efecto la sentencia recaída en alzada dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, el 03 de diciembre de 1999. SEGUNDO: En la nueva sentencia que ha de dictarse el Juez deberá darle a los documentos acompañados por el demandado, correspondientes a las consignaciones arrendaticias hechas ante el Juzgado Tercero de Parroquia y acompaña los marcados con las letras C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, en su escrito de promoción de pruebas, el valor que le asigna el Código Civil a la prueba documental. TERCERO: Se fija un lapso de treinta (30) días calendario luego de la notificación de esta decisión, para que el Juez de alzada dicte nueva sentencia conforme a lo aquí acordado.