Sentencia N° 601 Constitucional TSJ 2001: Asociacion Civil de Camioneros y Productores… vs Eduardo Lapi García

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Gobernador del Estado Yaracuy, Eduardo Lapi García, por el establecimiento de peajes que, según los accionantes, violaban el derecho al libre tránsito. La Sala, al analizar su competencia, citó una sentencia previa que delimitaba la jurisdicción en materia de amparo, concluyendo que no tenía competencia para conocer del caso debido a que el Gobernador no tiene rango constitucional ni competencia nacional. Por lo tanto, se declaró que el tribunal competente para conocer de la acción es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte.

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, por interpretación del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a través de su sentencia del 17 de marzo de 2000, Caso: José Delfín Carrillo Sánchez, se declaró incompetente para conocer de las acciones de amparo constitucionales contra los actos, actuaciones y omisiones de los Gobernadores de Estado, en los siguientes términos: '…Sin embargo, y a pesar del carácter enunciativo del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no quiere decir que el fuero especial allí previsto deba ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público, sino que debe reunir dos requisitos intrínsecos para estar dentro del supuesto contenido en el artículo in commento que son: la jerarquía constitucional y el carácter nacional, pues lo que ha querido el legislador con esta exclusiva potestad del Tribunal Supremo de Justicia, es que la tutela de los derechos constitucionales afectados por órganos del Poder Público, sea ejercida sólo por ésta mientras se encuentre en entredicho la legalidad de los actos de los órganos del Poder Público Nacional, bien sea porque su actividad derive de un mandato expreso de la Constitución, o bien porque su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación.'

1) Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Nelson Velásquez, Ismael Heredia y Oscar Linares, actuando en representación de la ASOCIACION CIVIL DE CAMIONEROS Y PRODUCTORES DE DIFERENTES RUBROS DE SALOM (ASOCAMPROS) de la Parroquia Salom del Municipio Nirgua del Estado Yaracuy, contra el Gobernador del Estado Yaracuy, ciudadano Eduardo Lapi García. 2) Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer de la acción de amparo propuesta, es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte. En consecuencia remítanse los presentes autos al referido juzgado.