Sentencia N° 598 Constitucional TSJ 2001: Latinoamericana de Seguros S.A. vs Juzgado Superior Séptimo en lo Civil…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la empresa Latinoamericana de Seguros S.A. contra la decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había modificado una sentencia firme dictada en 1988. La Sala argumenta que la modificación de la sentencia afecta la cosa juzgada y vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa. Se ordena al Juzgado Superior emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los términos de la decisión original.

Esta Sala en su decisión número 422 del 19 de mayo de 2000, Caso Almacenadora el Progreso S.A., precisó cuál era el sentido y alcance del término cosa juzgada aparente, para con ello desechar el alegato de violación de la cosa juzgada y de inadmisibilidad por consentimiento expreso por el transcurso del tiempo, argumentación que a continuación se transcribe: “Ha sido alegada por la parte apelante la violación de la cosa juzgada, por considerar que la decisión apelada entró a conocer y dejó sin efecto dos (2) decisiones contra las cuales no cabría ejercer recurso ordinario alguno, por haber quedado definitivamente firmes, convirtiéndose en una suerte de tercera instancia. Al respecto cabe observar que frente al principio de seguridad jurídica, generado esencialmente por la estabilidad de las decisiones y al derecho de los particulares a no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales obtuvieron decisiones, se contrapone el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, transparente y equitativo, donde se le garantice a éstos el acceso a la justicia, el derecho a ser oídos, a intervenir en la defensa de sus derechos y a obtener una decisión oportuna y efectiva. Esta contraposición entre la estabilidad de las decisiones y el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, generó que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia hiciera referencia a la cosa juzgada aparente, cuando la sentencia proferida no haya sido el resultado de un proceso estable y válido. En efecto, en reciente sentencia, la Sala de Casación Civil, precisó lo siguiente: “En principio existen, ciertamente, derechos de origen constitucional respecto a los cuales la sentencia puede quebrantar las reglas del debido proceso y los derechos de defensa y a ser oído, no puede adquirir la convicción de definitivamente firme que produce la autoridad de cosa juzgada. Son de esa especie los fallos sobre derechos de índole no patrimonial vinculados a los concernientes a la persona humana, su vida, su libertad, su salud, etc. Una sentencia en que resulten quebrantadas las reglas de orden público sobre la naturaleza y cuantificación de la pena aplicable por la infracción cometida, sirve como ejemplo para evidenciar la existencia de un tipo de reglas de orden público cuya violación en el proceso es siempre susceptible de revisión mediante la acción excepcional de amparo, con el objeto de restablecer la situación jurídica infringida.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional acumulada, interpuesta por Nelson Enrique Pérez Pulido, Ysabel Virginia Suarez Varela, Sorsiree Palacios Rivas, Aquiles F. Cortina Belini y Luis Ramón Obregon Martínez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas el 22 de abril de 1998. En consecuencia, se ANULA el fallo antes identificado así como los actos de ejecución dictados con posterioridad a éste. Se ordena al mencionado Juzgado Superior emitir nuevo pronunciamiento con estricta sujeción a los términos contenidos en el dispositivo de la decisión apelada. Se mantiene la medida cautelar dictada por esta Sala.