Sentencia N° 592 Constitucional TSJ 2000: C.A. Hidrológica DEL Caribe vs Manuel Antonio Hernández Salazar

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE contra una decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Nueva Esparta. La acción se fundamentó en la supuesta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, argumentando que la apelación admitida por el juez era extemporánea y que se había quebrantado el principio de legalidad.

Como punto previo, observa esta Sala, que para dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción de amparo constitucional, es necesario realizar el siguiente análisis: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, cuya última impresión fue publicada en la Gaceta Oficial nº 5.433 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, así como las consagradas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA oficiar al Tribunal de Primera Instancia en lo Agrario, del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los fines de que informe, dentro de los diez (10) días continuos contados a partir de la notificación de la presente decisión, el estado en que se encuentra el procedimiento de ejecución de la sentencia de fecha 22 de enero de 1998, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.