Sentencia N° 59 Constitucional TSJ 2000: Manuel Rodríguez de Silva — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional asume el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por los abogados José Andrés Rodríguez Galán y Jaime Riveiro Vicente en representación de Manuel Rodríguez de Silva, contra una decisión del Juzgado Superior Segundo de Hacienda. La Sala establece su competencia para conocer de acciones de amparo contra decisiones de última instancia de tribunales superiores, conforme a criterios previos establecidos. Se ordena la notificación al juzgado superior y al Ministerio Público, fijando una audiencia constitucional en un plazo determinado.

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente– una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo anterior, estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia antes referida, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Por consiguiente, y en virtud de que la Sala remitente admitió la mencionada acción, mediante decisión de fecha 10 de noviembre de 1999, es por lo que se ordena a la Secretaría de esta Sala Constitucional, de conformidad con lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar mediante oficio al titular del Juzgado Superior Segundo de Hacienda, de la acción de amparo ejercida contra la sentencia emanada de su despacho de fecha 15 de enero de 1999, para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, verificada como sea la última notificación en el presente expediente, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud; 2º) Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes una vez verificada la última notificación en el presente expediente; 3º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem.