Sentencia N° 567 Constitucional TSJ 2001: Heberto Antonio Peña Rojas — Revocación de decisión de inadmisibilidad de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocó una decisión de la Corte de Apelaciones que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional presentada por Heberto Antonio Peña Rojas. La Sala ordenó a la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre los requisitos de admisibilidad del amparo. Se evidenció que hubo inhibiciones de jueces en la Corte de Apelaciones, lo que generó la necesidad de convocar a un juez accidental para continuar con el proceso. La Sala destacó la importancia de acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala apunta, que el amparo constitucional nada tiene que ver con procesos de otra naturaleza, como el penal, por ejemplo, por lo que el trámite del amparo incoado por PEÑA ROJAS, tiene que llevarse a cabo con independencia del proceso penal al cual él se refiere, teniendo el actor la carga de la prueba, por lo que para la solución del amparo no es indispensable que en la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy curse el proceso penal, radicado en el Zulia. De allí, que la Sala no entiende el razonamiento de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy. Estima esta Sala que las abogadas GLADYS TORRES y LENYS PARRA GARCÍA han incurrido en desacato a lo decidido por este Supremo Tribunal en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2000 conociendo en segunda instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La primera de las nombradas, al omitir la convocatoria para constituir la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial de Yaracuy; convocatoria cuya realización era imprescindible para que dicha Corte cumpliera con lo ordenado en el fallo de esta Sala, y la segunda de las nombradas, al estimar erróneamente que la radicación operó en la causa referida al amparo constitucional, pues independientemente de su relación con el juicio penal radicado, es claro que no está en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevista dicha figura como mecanismo para trasladar el conocimiento de un juicio de un tribunal a otro, y el cual como se apuntó supra hasta ahora sólo opera en causas penales, y en virtud de las razones especiales especificadas en el ordenamiento adjetivo penal.

ORDENA la remisión inmediata del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, para que en acatamiento de la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2000, se pronuncie respecto al amparo solicitado por el ciudadano HEBERTO PEÑA, y en virtud de la actitud de las abogadas GLADYS TORRES y LENYS PARRA GARCÍA, se ORDENA remitir copia de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines disciplinarios consiguientes.