Sentencia N° 565 Constitucional TSJ 2000: Nora Ysturiz Castillo vs Narciso Alberto Perera Ruiz — Acción de amparo constitucional
TSJ/SC, Sent. N° 565, Exp. 00-0318, 20/06/2000 · 20 de junio de 2000
Expediente00-0318
Parte actora / solicitanteNora Ysturiz Castillo
Parte demandada / contraparteNarciso Alberto Perera Ruiz
PonenteIván Rincón Urdaneta
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2000-06-20
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de una acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Nora Ysturiz Castillo en representación de varios ciudadanos. La apelación se originó tras la decisión del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que declaró inadmisible la acción de amparo contra una sentencia anterior que había declarado con lugar la apelación de Narciso Alberto Perera Ruiz en un juicio de ejecución de hipoteca. La Sala Constitucional determinó su competencia para conocer el caso y revocó la decisión del juzgado inferior, manteniendo firme la decisión del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia que había declarado con lugar la apelación de Perera Ruiz.
Extracto de la motiva
Una vez analizadas las actas que conforman el presente expediente, pasa esta Sala a decidir, previa las consideraciones siguientes: Tal como se narró en el capítulo primero de este fallo, la controversia planteada en el presente caso se inició en vía ordinaria mediante un juicio de ejecución de hipoteca por ante un tribunal de parroquia, el cual, luego del convenimiento realizado por las partes, ordenó la entrega material de un inmueble -ocupado por los accionantes- que había sido objeto de remate, siendo que el mismo le fue adjudicado al acreedor hipotecario. Posteriormente fue ejercido por los hoy solicitantes una acción de amparo ante un Juzgado de Municipio, la cual fue declarada con lugar. Ejercida la apelación por los presuntos agraviantes -Juzgado Decimotercero de Parroquia y el ciudadano Narciso Alberto Perera Ruiz- la misma fue declarada con lugar por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, razón por la cual los hoy accionantes, interpusieron nueva acción de amparo en contra de esta última decisión, la cual fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior respectivo. Dentro de este contexto, esta Sala estima necesario realizar las siguientes consideraciones: El fallo objeto de la presente apelación, versa sobre la decisión de un amparo interpuesto en contra de una sentencia que, a su vez, resuelve otra acción de amparo. En este aspecto, ya se ha pronunciado esta Sala en diversas oportunidades al señalar que la vía del amparo se agota con la apelación o consulta previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1º Se REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 14 de septiembre de 1999, objeto de la presente apelación. 2º QUEDA FIRME la decisión del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de julio de 1999, la cual declaró con lugar la apelación ejercida por el ciudadano Narciso Alberto Perera Ruiz, en la acción de amparo constitucional ejercido por los ciudadanos Roberta Elicelia Castillo De Isturiz, Ricardo Isturiz, Braulio Jesús Vegas Colmenares y Luis Enrique Vegas, ante el Juzgado Noveno de Municipio de la misma circunscripción judicial. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.
Palabras clave
amparo constitucionalejecución de hipotecadueño legítimoderecho a la defensadebido procesoseguridad jurídicainmuebleremate