Sentencia N° 562 Constitucional TSJ 2000: MARIO NAIN MARCANO BENAVENTE y CARLOS GIL… — Incompetencia en acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Mario Nain Marcano Benavente y Carlos Gil Castillo, quienes impugnaron la decisión de la Juez de Juicio nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo que negó el curso a su recurso de apelación. La Corte de Apelaciones se declaró incompetente y remitió el caso a la Sala Constitucional, que a su vez analizó la competencia para conocer del asunto. La Sala concluyó que la acción de amparo debía ser conocida por un Tribunal Superior al que dictó el fallo, en este caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo. Por lo tanto, se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo y ordenó el envío del expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal para su remisión a la Sala correspondiente. Finalmente, la Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo y ordenó el cumplimiento de lo decidido.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, por lo cual se debe previamente analizar su competencia para conocer del asunto, y al efecto observa que, tal como se deduce del escrito de solicitud, la misma ha sido ejercida en contra de la decisión emanada de la Juez de Juicio nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, mediante la cual se negó a darle el curso de ley al recurso de apelación interpuesto por los solicitantes de amparo contra la decisión emanada del referido Juzgado en fecha 13 de marzo de 2000 en la cual, igualmente, se niega a citar a los testigos ofrecidos. Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debía conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial nº 36.860 el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. En este sentido, establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. De la norma antes transcrita se desprende claramente que la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia”, corresponde a un Tribunal Superior al que dictó el fallo accionado en amparo constitucional. En el presente caso, la acción de amparo fue interpuesta contra actuaciones de la Juez de Juicio nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, por tanto, en el caso de autos, dado el objeto de la acción de amparo incoada, debe tomarse en consideración la hipótesis que contempla el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, resultaba en efecto competente para conocer de la acción de amparo constitucional la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos MARIO NAIN MARCANO BENAVENTE y CARLOS GIL CASTILLO, asistido por el abogado Alejandro R. Yemes; y en consecuencia, ORDENA enviar el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo para que, previa distribución, remita las actuaciones a una de las Salas de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los días del mes 19 de JUNIO del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.