Sentencia N° 561 Constitucional TSJ 2001: C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio… — Admisión de acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por C.V.G. Venalum contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores. La acción se fundamenta en la supuesta violación del derecho al debido proceso y el principio de cosa juzgada. La Sala se declaró competente para conocer del caso y ordenó la notificación de las partes involucradas, mientras que se negó la medida cautelar solicitada por la accionante.

La presente acción de amparo es ejercida contra sentencia dictada el 7 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, denunciando la accionante infringido en su situación jurídica su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49, numeral 7 de la vigente Constitución. Señala la accionante que la sentenciada accionada infringe el principio de la cosa juzgada en razón de que, en su criterio, al establecer que la base de cálculo a los efectos de establecer las costas procesales es el monto condenado indexado, modifica el contenido de la sentencia firme dictada el 9 de marzo de 1997 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, puesto que a su decir, dicha sentencia “nada dice con respecto al monto base para el cálculo del veinte por ciento (20%) de costas procesales...”, lo que “tiene como efecto que el juez ejecutor de la sentencia firme deba aplicar la normativa legal existente a los fines de la determinación...” de la base de cálculo, “es decir el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 3, 30 y 31 eiusdem...” que, a su criterio, limitan el monto de las costas a un máximo de treinta por ciento (30%) del valor de la demanda, que es el que procede a los fines de fijar la jurisdicción y competencia y que, en el presente caso es de dos millones ciento sesenta y ocho mil noventa y siete bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2.168.097,60), por lo que, la sentencia accionada, al fijar la base de cálculo para establecer el monto de las costas procesales en el monto condenado indexado, excede los límites establecidos por el citado artículo 286 y modifica la cosa juzgada.

1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio (C.V.G. VENALUM), representada por Francisco Verde Marval, contra sentencia dictada el 7 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción judicial del Estado Bolívar, la cual se ADMITE. 2.- Se ORDENA la notificación del titular o del encargado del referido Tribunal, más el término de la distancia, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas de la última notificación que se haga de quienes haya que notificar. No se ordena la notificación del accionante por estar a derecho. 3.- Se ORDENA la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se ordena al Juzgado accionado hacer saber a las partes del proceso que originó el fallo impugnado, de la presente admisión, de lo cual deberá notificar de inmediato a esta Sala, bajo pena que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden de la Sala. En caso que el expediente se encontrare en primera instancia, el Juzgado Superior deberá comisionar al inferior para que haga las participaciones correspondientes, apercibido de la misma sanción. 4.- Se NIEGA la medida cautelar innominada solicitada.