Sentencia N° 559 Constitucional TSJ 2001: Omar Jesús Viera vs Capaya Rodríguez — Apelación en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por Capaya Rodríguez contra la sentencia de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, que había declarado con lugar la acción de amparo de Omar Jesús Viera. La Corte Superior había determinado que se había violado el derecho a la defensa de Viera al no ser notificado de la solicitud de homologación de un acuerdo de partición de bienes. La Sala Constitucional confirmó la decisión de la Corte Superior, argumentando que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente actuó fuera de su competencia al homologar el acuerdo de partición de bienes, lo que violó el derecho constitucional de ser juzgado por su juez natural.

La Sala en anteriores oportunidades se ha referido al derecho constitucional a ser juzgado por el juez natural y su conexión con la competencia atribuida por ley a los juzgadores, estableciendo específicamente en la sentencia dictada el 24 de marzo de 2000, recaída en el caso UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, lo siguiente: “La jurisdicción entendida como la potestad atribuida por la ley a un órgano del Estado para dirimir conflictos de relevancia jurídica, con un procedimiento predeterminado, siendo el órgano capaz de producir cosa juzgada susceptible de ejecución, es ejercida por los Tribunales ordinarios y especiales. A estos Tribunales la ley, o la interpretación judicial que de ella se haga, les asigna un ámbito específico que vincula a ellos a las personas que realizan actividades correspondientes a esas áreas o ámbitos. Se trata de un nexo entre las personas que cumplen esas actividades, y los Tribunales designados para conocer de ellas. Así, aunque la jurisdicción es una sola, la ley suele referirse a la jurisdicción militar, laboral, agraria, etc., para designar las diversas áreas en que se divide la actividad jurisdiccional por razones de interés público. Esto conduce a que los derechos de las personas relativos a las diversas actividades que tutela la jurisdicción, para que les sean declarados en casos de conflicto, tengan que acudir a los órganos jurisdiccionales que les correspondan, y así los militares, en lo concerniente a los asuntos militares, acuden a los Tribunales militares; los trabajadores a los laborales, los menores a los Tribunales de Menores, etc. Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1.- Declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana CAPAYA RODRÍGUEZ; en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 7 de agosto de 2000, por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, que declaró con lugar la acción de amparo incoada por el ciudadano OMAR JESÚS VIERA contra la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2000, que homologó la adjudicación de bienes hecha por el accionante y la ciudadana CAPAYA RODRÍGUEZ, y que revocó la decisión de fecha 18 de mayo de 2000 dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. 2.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, que cumpla las funciones de distribuidor, a los fines de que se resuelva sobre la partición de los bienes de la comunidad conyugal de los ciudadanos OMAR JESÚS VIERA y CAPAYA RODRÍGUEZ.