Sentencia N° 557 Constitucional TSJ 2001: Elsa Liliana Herrera, Rafael Lara, Elizabeth… — Competencia en acción de amparo…
TSJ/SC, Sent. N° 557, Exp. 00-2199, 18/04/2001 · 18 de abril de 2001
Expediente00-2199
Parte actora / solicitanteELSA LILIANA HERRERA, RAFAEL LARA, ELIZABETH MONASTERIOS, IDA BEATRIZ PIÑA CAMPOS, ELIZABETH FERNÁNDEZ, JANE VICTORIA CHÁVEZ DE RAMOS, FRANCIS MELISA MONTIEL, CARY DEL CARMEN PEREIRA PINEDA Y ÁNGEL RAFAEL FIGUEREDO LARA
PonenteJESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-04-18
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso-Administrativo y la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos. La acción se fundamentó en la nulidad de una sentencia anterior que fijó un canon de arrendamiento, alegando que contenía ultrapetita a favor del arrendador y que se infringieron diversas disposiciones legales.
La Sala determinó que, dado el conflicto negativo de competencia, le corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo conocer de la acción de amparo. Se ordenó remitir el expediente a dicha corte para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción propuesta, declarando así la competencia de la Corte Primera para conocer del caso.
Finalmente, la Sala Constitucional declaró que el tribunal competente es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ordenando el envío del expediente para su pronunciamiento.
Extracto de la motiva
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266, numeral 7, establece que es atribución del Tribunal Supremo de Justicia “Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal común a ellos en el orden jerárquico”. Así mismo, en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), al determinar la competencia para conocer de la acción de amparo a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala estableció que le corresponde a ella misma ejercer la jurisdicción constitucional en sede del Tribunal Supremo de Justicia, y que es ella la competente por la materia “para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. Observa esta Sala, que de conformidad con el numeral 21 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, aplicables a este caso en ausencia de regulación especial en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ante el conflicto negativo de competencia por razón de la materia sucesivamente planteado por dos tribunales distintos, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia la regulación de competencia “cuando no hubiere un tribunal superior común a ambos jueces”. A tal efecto, observa esta Sala que, siendo el primero de los tribunales que plantearon el conflicto negativo de competencia el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Capital, y el segundo, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, no existe tribunal superior común a ambos con competencia en materia de amparo, como sí lo existe en materia contencioso administrativa (Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA que el tribunal COMPETENTE es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del Recurso de Amparo ejercido por la apoderada judicial de los ciudadanos ELSA LILIANA HERRERA, RAFAEL LARA, ELIZABETH MONASTERIOS, IDA BEATRIZ PIÑA CAMPOS, ELIZABETH FERNÁNDEZ, JANE VICTORIA CHÁVEZ DE RAMOS, FRANCIS MELISA MONTIEL, CARY DEL CARMEN PEREIRA PINEDA Y ÁNGEL RAFAEL FIGUEREDO LARA, en contra de la decisión emanada en fecha 24 de febrero del año 2000 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.. En consecuencia, se ORDENA remitir a la brevedad el presente expediente a Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que se pronuncie acerca de la admisibilidad de la acción propuesta.
Palabras clave
amparo constitucionalconflicto de competencianulidadcanon de arrendamientoLey de Regulación de AlquileresCódigo de Procedimiento Civiljusticiaderechos constitucionales