Sentencia N° 556 Constitucional TSJ 2000: Inversiones Aparcity, C.A. vs Dietrich Schwable — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por Inversiones Aparcity, C.A. contra decisiones del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo. Se argumentó que la decisión del 27 de julio de 1999 vulneró el derecho al debido proceso, ya que modificó un fallo firme sin la debida competencia. La Sala reafirmó que el debido proceso está protegido por la Constitución y que las decisiones judiciales deben ser respetadas una vez firmes.

Vistas las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: Aprecia la Sala que a decir de la representación judicial de la accionante, la decisión de fecha 27 de julio de 1999, dictada por el Juzgado de Primera Instancia accionado, vulneró sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que el proceso debió declararse terminado en virtud de que la empresa accionante cumplió con el pago, según lo prescrito en el auto de fecha 1º de junio de 1999, de la cantidad de un millón doscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 1.240.254,21), y no haber continuado el procedimiento mediante el auto accionado. Así las cosas, observa la Sala que por medio de la decisión de fecha 27 de julio de 1999, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia efectivamente modificó el dispositivo del fallo de fecha 1º de junio de 1999, cuando ya no se encontraba en la posición de hacerlo, en virtud de que un Tribunal de la República no puede revocar por contrario imperio una decisión dictada en ejecución de un fallo definitivamente firme, pues tal actuación atenta contra el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ello vulnera el principio de intangibilidad de las decisiones judiciales y con ello la estabilidad de los derechos de los particulares.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de febrero del año 2000. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente.