Sentencia N° 553 Constitucional TSJ 2000: Rafael Emilio Morales Nieves vs Filomeno Mazzucco Cassetta y María Belandría…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 19 de junio de 2000, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Rafael Bello y María Elena Alamo, en representación de Rafael Emilio Morales Nieves, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Anzoátegui. La acción de amparo fue presentada debido a la improcedencia de la solicitud de regulación de competencia y la apelación interpuesta en un juicio de guarda de la menor Claudia Cristina Morales Mazzucco. La Sala consideró que el tribunal de alzada actuó correctamente al declarar improcedente la regulación de competencia, ya que la parte demandada no cumplió con la carga de señalar el tribunal competente. Asimismo, se determinó que no se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, ya que el demandado optó por contestar el fondo de la demanda, lo que inhibió la consideración de la cuestión previa de incompetencia. Finalmente, la Sala reafirmó que las medidas provisionales en materia de guarda son susceptibles de modificación y deben ajustarse a la situación de hecho existente al momento de la presentación de la demanda, garantizando así el bienestar del menor.

La Sala estima que el procedimiento especial referido a solicitudes de guarda y alimentos, faculta al Juez a practicar todas las medidas y diligencias que considere necesarias, previa valoración de la gravedad del caso que se le plantea, sin la obligación de evacuar ningún tipo de pruebas solicitadas por las partes, por lo cual su implementación sólo se circunscribe a su apreciación del caso en función del bienestar del menor cuyos intereses están en juicio. Y ello es así por cuanto esa medida no es definitiva, ya que la misma simplemente va dirigida a regularizar una situación de hecho, en favor del equilibrio emocional, moral y social del menor, objetivo fundamental de la mencionada Ley, desarrollado en su artículo 1º. Ahora bien, por el carácter provisional de las medidas dictadas en materia de guarda, éstas son susceptibles de modificación en un lapso perentorio, por cuanto una vez que el demandado comparece al juicio, según el procedimiento consagrado en el artículo 61 y siguientes de la Ley Tutelar de Menores, éste puede oponer todas las excepciones y defensas que considere convenientes en beneficio de sus intereses. En este proceso, en la oportunidad fijada para que tenga lugar la comparecencia de los interesados, se entiende abierto un lapso probatorio de ocho (8) audiencias para promover y evacuar pruebas, el cual una vez vencido el juez deberá decidir dentro de un lapso de cinco (5) audiencias, con vista a las conclusiones de las partes, si las hubiere.

Por los razonamientos antes señalados, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Rafael Bello y María Elena Alamo, actuando como apoderados judiciales del ciudadano RAFAEL EMILIO MORALES NIEVES, en contra de la decisión de fecha 17 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de regulación de competencia solicitada por el accionante y sin lugar la apelación interpuesta contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.