Sentencia N° 552 Constitucional TSJ 2000: Banco Industrial de Venezuela C.A. — Acción de amparo constitucional contra decisión de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional presentada por los abogados del Banco Industrial de Venezuela C.A. contra una decisión de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones que revocó una condena por peculado culposo. La Sala argumentó que la decisión impugnada vulneró derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y a la defensa, al actuar fuera de su competencia y con extralimitación de atribuciones.

La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones actuó fuera de su competencia, por cuanto carecía de facultades legales para ordenar el pago del capital representado en los títulos de la Deuda Pública Nacional Nos. 405 (sic) y 496, por cuanto no se trataba de una acción por cobro de bolívares, de cumplimiento de contrato, acción cambiaria o cobro de pagaré y otras acciones semejantes las cuales son de competencia exclusiva de los tribunales civiles y mercantiles. La facultad de la Sala de Apelaciones estaba limitada a restituir los bonos cuestionados, de acuerdo a la (sic) previsto en el artículo 367 del COPP, según el cual, en caso de dictarse sentencia absolutoria se ordenará 'la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso', por lo cual, al ordenar, en forma imperativa el pago de esos instrumentos, la sala Quinta incurrió en abuso de poder y extralimitación de atribuciones.

Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Augusto Matheus Pinto, José García Guevara y Arturo López Masso, identificados anteriormente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., contra la decisión dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas de fecha 1° de junio del año 2000. Se ORDENA la notificación de la parte actora así como de los Jueces integrantes de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, para que concurran a la audiencia constitucional el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificada como sea su notificación en el presente expediente. Se ORDENA al juzgado accionado notificar de la presente acción a los ciudadanos Nancy Ojeda Montoya y Roger Torres Arellano, por ser interesados en este juicio, a los fines de comparezcan al acto señalado en el numeral anterior. El referido Juzgado deberá informar a esta Sala acerca del cumplimiento de la orden aquí contenida. Se ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada por la accionante. En consecuencia, se deja sin efecto la orden de pago del capital e intereses de los Bonos de la Deuda Pública Nacional identificados con los números 495 y 496, correspondientes al Plan Trienal para los años 1986, 1987 y 1988, con un valor nominal de tres millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 3.000.000,oo) cada uno, hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo en el presente caso.