La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de una consulta de amparo constitucional, decidió sobre la medida cautelar innominada dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, que designó un administrador judicial especial para las empresas demandantes. La Sala consideró que dicha medida vulneraba los derechos constitucionales de las empresas, afectando su derecho a la propiedad y a la defensa, ya que no fueron parte en el proceso de partición que dio origen a la medida cautelar. Por lo tanto, se declaró con lugar la demanda de amparo y se revocó la medida cautelar impugnada.
Extracto de la motiva
Siendo la oportunidad para decidir la presente causa, se observa que la misma se recibió en esta Sala en virtud de la consulta obligatoria de la sentencia dictada el 21 de diciembre de 1999 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la cual se declaró con lugar la presente solicitud de amparo constitucional. Ahora bien, se evidencia en las actas de este proceso que la demanda de amparo constitucional se ejerce contra el auto del 25 de febrero de 1999 dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante el cual, como medida cautelar innominada en un juicio de liquidación de comunidad de bienes conyugales, se designó un "administrador judicial especial", para ejercer el control de las empresas demandantes en amparo y “...que conforman el ‘holding’ perteneciente a la comunidad GONZALEZ-NOGUERA, a objeto de evitar los manejos en que viene incurriendo el demandado Emilio Gonzalez Marín”. La controversia se suscitó por cuanto las compañías afectadas por esta decisión estiman que las atribuciones y obligaciones acordadas al referido administrador vulneran sus derechos constitucionales económicos, a la propiedad y a la defensa y debido proceso. Al respecto se observa, que tal y como lo precisó la sentencia consultada, debe aplicarse el criterio asumido por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 8 de julio de 1997 (caso: Café Fama de América), a través de la cual se sostuvo que el nombramiento de administradores ad hoc, como medida cautelar innominada, debía estar limitado por las normas de Derecho Mercantil (Código de Comercio), por lo que las atribuciones conferidas a estos administradores no podían sustituir las de los diferentes órganos de las sociedades, ni tomar medidas en contra de las decisiones de las asambleas.
Dispositiva
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional ejercida por “INMOBILIARA GONZALEZ LAYA, C.A.”, “AGROPECUARIA SABANA DEL ORO, C.A.”, “DESARROLLOS CAMPESTRES MESA GRANDE, C.A.”, “INVERSISONES OCEN OLAS, C.A.”, “HARAS GUARDALAGUA, C.A.”, “DESARROLLOS CAMPESTRES SOTILLO, C.A.”, contra el auto del 25 de febrero de 1999 dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y, en consecuencia, CONFIRMA sentencia dictada por Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el 21 de abril de 1999.
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