Sentencia N° 540 Constitucional TSJ 2001: Gloria González Montero — Acción de nulidad e amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de nulidad interpuesta por la ciudadana Gloria González Montero, contra el Decreto de medidas cautelares para la reorganización del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario, así como improcedente la acción contra la Resolución que establece la suspensión de jueces con siete denuncias o más. La Sala fundamenta su decisión en la falta de competencia y en la naturaleza de los actos impugnados, que fueron dictados en el marco de un régimen transitorio por la Asamblea Nacional Constituyente.

La Sala Constitucional ha dejado sentado en anteriores oportunidades que, al tener “(...) su régimen fundamental en las preguntas y Bases Comiciales consultadas en el Referéndum, del 25 de abril de 1999”, tales actos “(...) son para el ordenamiento que rige el proceso constituyente, ‘de similar rango y naturaleza que la Constitución’ como la cúspide de las normas del Proceso Constituyente”. Por ello, en el caso de autos, resulta indiscutible que la competencia para conocer de la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con amparo constitucional, contra las disposiciones contenidas en el Decreto mediante el cual se adoptaron las Medidas necesarias para la Reorganización del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario (Medidas Cautelares Urgentes de Protección del Sistema Judicial), emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, el 7 de octubre de 1999, corresponde a esta Sala Constitucional, y por tal motivo acepta la declinatoria de competencia efectuada mediante decisión de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia del 2 de mayo de 2000.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con amparo constitucional, por la ciudadana GLORIA GONZÁLEZ MONTERO, titular de la cédula de identidad Nº 3.569.439, asistida por la abogada Teresa Borges García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.629, contra el Decreto mediante el cual se adoptaron las Medidas necesarias para la Reorganización del Poder Judicial y del Sistema Penitenciario (Medidas Cautelares Urgentes de Protección del Sistema Judicial), dictado el 7 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.805 del 11 de octubre de 1999; e IMPROCEDENTE in limine litis la acción de nulidad interpuesta contra la Resolución mediante la cual se dispone que como medida cautelar en los procedimientos disciplinarios de los Jueces, en la que se acuerda la suspensión de aquéllos contra quienes existan siete denuncias o más ante los Órganos Administrativos Disciplinarios del Consejo de la Judicatura y contra quienes cursaren averiguaciones penales, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.807 del 14 de octubre de 1999; y el acto de notificación de la medida cautelar decretada el 13 de octubre de 1999, emitida por el Inspector General de Tribunales del entonces Consejo de la Judicatura.