Sentencia N° 539 Constitucional TSJ 2001: GERARDO FERNÁNDEZ V. y GERARDO BLYDE P. vs Asamblea Nacional Constituyente

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso de nulidad interpuesto por los abogados Gerardo Fernández V. y Gerardo Blyde P. contra el Decreto de Reorganización del Poder Judicial dictado por la Asamblea Nacional Constituyente. La Sala consideró que el recurso era inadmisible debido a que el Decreto impugnado había perdido su contenido jurídico tras la promulgación de nuevas normativas que regulan el Poder Judicial. Finalmente, se declaró que no ha lugar el recurso de nulidad.

Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse sobre la solicitud de declaratoria de urgencia y de mero derecho formulada por los accionantes, pero previo a tal pronunciamiento, considera necesario realizar los siguientes señalamientos: El presente recurso tiene por objeto que se declare la nulidad del DECRETO DE REORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL, dictado por la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE en fecha 18 de agosto de 1999, por considerar los accionantes que dicho Decreto resulta violatorio de las Bases Comiciales Octava y Novena para el Referéndum Consultivo sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente aprobadas mediante referéndum el 25 de abril de 1999, así como que vulnera el contenido de Tratados y Pactos Internacionales ratificados por la República de Venezuela. Ahora bien, esta Sala Constitucional observa que el texto normativo impugnado fue dictado por la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE en fecha 18 de agosto de 1999, y el recurso de nulidad contra el referido Decreto fue interpuesto por los abogados recurrentes el 26 de agosto de 1999; y desde esas fechas, hasta esta oportunidad de decidir, a juicio de esta Sala, han surgido circunstancias que sobrevenidamente determinan la inadmisibilidad del recurso propuesto, a saber: a) que el 22 de diciembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente dictó el DECRETO SOBRE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL PODER PÚBLICO publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.857 del 27 de diciembre de 1999, reimpreso por error material de ente emisor en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.859 del 29 de diciembre de 1999, reimpreso nuevamente por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.920 de fecha 28 de marzo de 2000; y b) que el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 2 de agosto de 2000, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictó la NORMATIVA SOBRE LA DIRECCIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.014 de fecha 15 de agosto de 2000. En razón de lo anterior, estima esta Sala que los vicios denunciados por los recurrentes relativos a que la Asamblea Nacional Constituyente se extralimitó en las funciones que les fueron conferidas por el soberano de acuerdo con las Bases Comiciales aprobadas el 25 de abril de 1999, que igualmente la referida Asamblea asumió atribuciones conferidas al Poder Constituido, atentando de esta forma contra la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Judicatura, al asumir funciones conferidas a estos órganos y que, de la misma manera violó el principio democrático de la separación orgánica de poderes, deben ser desechadas, en virtud de la inadmisibilidad sobrevenida del presente recurso, toda vez que, por una parte, el órgano competente según la Constitución de 1999, ya dictó la nueva normativa que regula la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial y, por la otra, el Consejo de la Judicatura fue suprimido constitucionalmente, siendo sustituido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura creada por este Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR el recurso de nulidad ejercido por los abogados GERARDO FERNÁNDEZ V. y GERARDO BLYDE P., actuando en nombre propio, contra el DECRETO DE REORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL, dictado por la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE en fecha 18 de agosto de 1999. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.