Sentencia N° 533 Constitucional TSJ 2000: Francisco BAS Sánchez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en respuesta a la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Bas Sánchez contra una decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil. La Sala determinó que la sentencia impugnada no constituía agravio constitucional, pero reconoció la necesidad de proteger la integridad física del accionante y de la comunidad ante la instalación de tuberías de gas metano en los sótanos del Edificio Los Ruices. La decisión prohíbe la ejecución incondicionada del decreto provisional dictado por el juez de la causa, instando a requerir informes técnicos antes de proceder con la instalación.

Vistos los elementos que obran en autos, y oídas en audiencia las exposiciones de los interesados, la Sala arribó a las siguientes conclusiones: La sentencia objeto de la acción de amparo, dictada el 1° de febrero de 2000 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no es constitutiva per se de agravio constitucional alguno, toda vez que se limitó a proveer, conforme a derecho, sobre el recurso de apelación ejercido contra el auto de apertura a pruebas dictado por el juez de la causa. Ahora bien, cursan en autos varios informes técnicos relativos al Edificio Los Ruices, así como un ejemplar de la Norma Covenin 928-78, concerniente a 'Instalaciones de sistemas de tuberías para suministro de gas natural en edificaciones residenciales y comerciales', y copia del Reglamento Sobre Prevención De Incendio, de cuyo análisis concatenado se desprende que, de no cumplirse con las normas de seguridad y prevención relativas a la instalación de tuberías para suministro de gas natural en edificaciones, la instalación de tuberías de gas metano, a que se refiere el decreto interdictal dictado el 2 de diciembre de 1998, constituiría una amenaza de violación de los derechos a la salud y a la integridad física del accionante y de la propia comunidad. Por otra parte, de la exposición del tercer interesado se desprende que la instalación en referencia no cuenta aún con las autorizaciones correspondientes. En efecto, según la citada exposición, '… la comunidad está preparando el proyecto de adecuación de esas tuberías a las normas que las regulan, siempre y cuando lo apruebe la Sala Técnica del Cuerpo de Bomberos del Distrito Sucre … Quiero resaltar que las comunidades de los Edificios Los Ruices y Doblemar están a la espera de concluir los trámites para que se apruebe técnicamente su proyecto de gas para acometer dichas obras …'. A juicio de la Sala, las circunstancias indicadas impiden de suyo la ejecución inmediata del decreto provisional dictado por el juez de la causa, y exigen que éste, antes de proceder a dicha ejecución, requiera de los organismos técnicos competentes los informes necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención relativas a la instalación de sistemas de tuberías para suministro de gas natural en edificaciones.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1. ORDENA al juez de la causa que, antes de proceder a la ejecución del decreto de amparo provisional a la posesión dictado el 2 de diciembre de 1998, requiera de los organismos técnicos competentes los informes que fueren necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención relativas a la instalación de sistemas de tuberías para suministro de gas natural en edificaciones. Con esta decisión, la Sala no prejuzga sobre los derechos que pudieran corresponder a las partes, y que puedan hacer valer de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El Juez de la causa velará porque el decreto provisional se ejecute de conformidad con las condiciones establecidas en este fallo. 2. DECLARA parcialmente con lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano FRANCISCO BAS SÁNCHEZ contra la sentencia dictada, en fecha 1° de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese. Archívese el expediente.