Sentencia N° 528 Constitucional TSJ 2000: Norma Violeta Morales vs Juzgado Quinto de Primera Instancia de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en la que se declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Norma Violeta Morales, contra la actuación del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Familia y Menores. La Sala ordena la ejecución inmediata de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Primero de Familia y Menores, garantizando así el derecho alimentario del menor involucrado. Se revoca la decisión del Juzgado Superior Segundo que había declarado con lugar la acción de amparo, debido a la falta de cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la sentencia de fecha 28 de enero de 2000 dictada por el Juzgado Superior Segundo de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y, al respecto, observa: Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debía conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial nº 36.860 el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación por la abogada BEATRIZ LÓPEZ CASTELLANO, actuando con el carácter de Juez Titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, contra la sentencia de fecha 28 de enero de 2000 dictada por el Juzgado Superior Segundo de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, la cual se REVOCA mediante el presente fallo. En consecuencia, se ordena REMITIR el expediente al referido Juzgado Superior, a los fines de que dicte nuevamente sentencia, cumpliendo previamente con el procedimiento pautado en el ordenamiento jurídico aplicable.