Sentencia N° 525 — Sala Constitucional del TSJ, 14 de abril de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la sentencia dictada el 7 de agosto de 2003 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que había declarado sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General del Estado Mérida. La Sala concluyó que la falta de notificación al Procurador General del Estado, quien debía representar los intereses de la Contraloría, vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto, se ordenó la reposición de la causa para que se notifique al Procurador General sobre la admisión del recurso de nulidad interpuesto por las ciudadanas afectadas.

La falta de notificación al Procurador General del Estado de la ejecución de la decisión dictada en el recurso de nulidad interpuesto contra la Contraloría General del Estado Mérida, es lesiva de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Esta Sala ha reconocido que el representante judicial de los Estados es el Procurador General en dichas entidades, quien debe velar por los intereses directos o indirectos del Estado. Por lo tanto, la falta de conocimiento oportuno de un proceso por parte del Procurador de un Estado, es lesiva de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión que interpuso el abogado Javier Darío Linares, con el carácter de apoderado judicial de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MERIDA, de la sentencia dictada el 7 de agosto de 2003 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; y, en consecuencia, se ORDENA la reposición de la causa al estado de que se notifique al Procurador General del Estado Mérida de la admisión del recurso de nulidad de actos de efectos particulares intentado por las ciudadanas Aida Margarita Trejo Gil, Elsy del Carmen Durán Díaz, Miriam Josefina Rondón Rodríguez, Aura Rosa Sulbarán Dávila, Lourdes Beatriz León Ramírez y Mireya del Carmen Santiago Paredes contra la Resolución Nº 3 del 27 de agosto de 2003 emanado del ente que solicitó la presente revisión.