Sentencia N° 525 Constitucional TSJ 2000: Alfonso Severino DI Guglielmo vs Municipio Guacara del Estado Carabobo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad interpuesta por Alfonso Severino Di Guglielmo contra la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Guacara, que establecía un tributo sobre la actividad minera. La Sala consideró que dicha ordenanza vulneraba competencias exclusivas del Poder Nacional en materia de impuestos sobre la explotación minera, lo que constituía una amenaza a los derechos constitucionales del accionante. Se acordó la inaplicación de la ordenanza mientras se tramitaba el recurso de nulidad.

Dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente: “También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión. La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad”. Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio de este Alto Tribunal, que el objeto del mandamiento de amparo de naturaleza cautelar en juicios como el de autos, consiste en la inaplicación de una norma denunciada que colida con la Constitución, o la amenaza de que ésta se pueda materializar, causando una violación de los derechos constitucionales invocados por la accionante. En el presente caso observa la Sala, que la parte accionante fundamenta su solicitud en la amenaza de violación que produce la norma contra la cual intenta la acción principal de nulidad, y siendo así, que cuando la misma se aplique se concretaría la violación del derecho a la libertad económica y a los principios constitucionales relativos a la nulidad de los actos dictados en usurpación de funciones, la reserva legal en materia de imposición de tributos que versen sobre la explotación minera, la atribución de competencias exclusivas del Poder Nacional y la posibilidad de transferirlas únicamente en virtud de ley; asimismo del derecho a la no confiscación y al principio de la capacidad tributaria, contenidos en los artículos 96, 119, 136 ordinal 8, 137, 223 y 224 de la Constitución de 1961, y que se mantienen inalterados en su esencia en lo dispuesto en los artículos 112, 138, 156 numeral 12, 157, 316 y 317 de la Constitución de 1999.

1.- Se ADMITE la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano ALFONSO SEVERINO DI GUGLIELMO, titular de la cédula de identidad Nº 7.009.960, procediendo en su carácter de Presidente de la firma mercantil INVERSIONES LAS CANTERAS, C.A., antes identificada, asistido por el abogado José Luis Cabré Córdova, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 12.270, contra el Anexo “A” contentivo del “Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales, Industriales o Similares”, sólo en el rubro identificado con el código de actividad 211101, relativo a la explotación y extracción de minas y canteras, específicamente de piedras para la construcción, arena, arcilla, piedra caliza, granzón y demás minerales destinados a la construcción, que estableció una alícuota del seis por ciento (6 %) sobre los ingresos brutos provenientes de la actividad de extracción de los mencionados minerales, con un mínimo tributario de quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00), contenido en la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, dictada por el Concejo Municipal del Municipio Guacara del Estado Carabobo en fecha 29 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Municipal Número Extraordinario de esa misma fecha. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena notificar al Presidente del Concejo Municipal del Municipio Guacara del Estado Carabobo, al Fiscal General de la República y al Síndico Procurador Municipal de la referida entidad, a quienes se le remitirá copia certificada del escrito libelar y de la documentación acompañada al mismo. Igualmente, emplácese a los interesados mediante el cartel a que alude el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; el cual será librado por el Juzgado de Sustanciación y publicado a expensas del recurrente en uno de los diarios de mayor circulación nacional y uno local, a fin de que concurran a darse por citados, a partir de la fecha de su publicación hasta la oportunidad que tenga lugar el acto de informes en el presente juicio. 2.- CON LUGAR la solicitud cautelar de amparo constitucional, en consecuencia, se acuerda la inaplicación del Anexo “A” denominado “Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales, Industriales o Similares”, sólo en el rubro identificado con el código de actividad 211101, relativo a la explotación y extracción de minas y canteras, específicamente de piedras para la construcción, arena, arcilla, piedra caliza, granzón y demás minerales destinados a la construcción, que estableció una alícuota del seis por ciento (6 %) sobre los ingresos brutos provenientes de la actividad de extracción de los mencionados minerales, con un mínimo tributario de quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00), contenido en la Ordenanza objeto de la presente causa, desde la fecha de publicación de este fallo y por el tiempo que dure la tramitación del recurso de nulidad por inconstitucionalidad. A tal efecto se ordena al Concejo Municipal del Municipio Guacara del Estado Carabobo y a cualquier otra autoridad que fuese requerida o pretendiese en cualquier forma hacer efectivo el contenido del instrumento normativo impugnado, inaplicarlo en relación con la parte presuntamente agraviada, y en tal sentido se abstenga de cobrarse el impuesto que dicha Ordenanza prevé sobre las actividades mineras.