Sentencia N° 521 Constitucional TSJ 2000: FAITHA MARINA NAHMENS LARRAZÁBAL y BEN AMI… — Aclaratoria de sentencia en acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión del 17 de mayo de 2000, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por varios abogados en representación de dos ciudadanos. Posteriormente, se solicitó aclaratoria sobre ciertos puntos del fallo, lo que llevó a la revisión de la competencia del juez en el procedimiento penal. La Sala aclara que, en juicios de acción privada, corresponde al juez de juicio la competencia, y se establece que la notificación debe dirigirse al Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”. La norma jurídica antes transcrita, establece el derecho que tienen las partes de solicitar aclaratoria cuando consideren que existieren puntos dudosos, o para salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, o pedir ampliación, siempre y cuando dicha aclaratoria o ampliación la soliciten en el “día de la publicación o en el siguiente” del mencionado fallo.

Por lo que concierne al segundo planteamiento, mediante el cual se solicita a esta Sala que aclare el sentido de la expresión “en lo que fuere aplicable”, por cuanto, según sostiene la solicitante, “... dicha norma, es decir, el artículo 326 del COPP, contiene el procedimiento aplicable exclusivamente a actos conclusivos propios del Ministerio Público, en los delitos de acción pública, cuya aplicación en este delito a instancia de parte generaría inconvenientes propios relativos a los efectos de la audiencia misma...”, debe precisar este Alto Tribunal que corresponderá al juez competente determinar los límites de la aplicación, por vía analógica, de la norma referida, de manera que su interpretación respecto del caso logre la necesaria coherencia con el resto de las disposiciones que rigen el supuesto de hecho.