Sentencia N° 520 Constitucional TSJ 2000: Athanassios Frangogiannis vs Mercantil Internacional, C.A. — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en respuesta a una acción de amparo presentada por ATHANASSIOS FRANGOGIANNIS en representación de MERCANTIL INTERNACIONAL, C.A. La acción se fundamentó en la presunta violación del debido proceso y el derecho al juez natural, debido a irregularidades en la conformación de la Sala de Casación Civil que conoció el caso. La Sala declaró inexistentes las sentencias previas dictadas por la Sala de Casación Civil y se declaró competente para conocer de la acción de amparo, admitiendo la solicitud presentada por la parte actora.

La pretensión de amparo, la que califican los proponentes como sobrevenida, se fundamenta, como ha sido indicado, en la violación de un debido proceso, por no haber sido decidida la causa por los jueces naturales, por la ilegítima modificación de un conjuez y por la insistencia de la Sala de Casación Civil en mantener constituida la Sala Accidental, luego de la sustitución definitiva de uno de los Magistrados inhibidos y de la incorporación temporal de un suplente por el otro Magistrado inhibido. El amparo propuesto, fue denominado, erróneamente, sobrevenido, pues, de acuerdo a las previsiones de la Constitución derogada (artículo 211), contra las decisiones de la extinta Corte Suprema de Justicia no existía recurso alguno. Por tanto, la decisión de la que se dice ha infringido el orden constitucional, ponía fin al trámite procesal. De manera, que por tratarse de un proceso concluido, no tenía cabida un amparo sobrevenido. Esta circunstancia, denegaría el conocimiento de la solicitud, pero la Sala, en ejercicio de su facultad de revisión del cumplimiento e interpretación de los valores constitucionales, en los actos y sentencias producidas por los tribunales de la República y las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, examina la decisión dictada, con fundamento en las siguientes consideraciones: El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido.

1.- Declara inexistentes las sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia el 15 de diciembre de 1998 y el 21 de octubre de 1999 en el procedimiento de amparo constitucional propuesto por el ciudadano ATHANASSIOS FRANGOGIANNIS en representación de la sociedad de comercio MERCANTIL INTERNACIONAL, C.A. 2.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad de comercio MERCANTIL INTERNACIONAL, C.A. representada por el abogado José Agustín Catalá, contra la sentencia dictada el 28 de septiembre de 1998, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se ADMITE. 3.- Se ordena la notificación del titular o del encargado del referido Tribunal, para que una vez que conste en autos dicha notificación, se fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas de la última notificación que se haga de quienes haya que notificar. No se ordena la notificación del accionante por estar a derecho, con vista a las actuaciones que constan en los autos del expediente. 4.- Se ordena la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, no se ordena la notificación a la otra parte en el proceso, es decir, a la ciudadana Maritza Hernández Medina, por encontrarse a derecho. 5.- Se ACUERDA la medida cautelar innominada; en consecuencia, se ORDENA al Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abstenerse de ordenar la ejecución de la sentencia dictada el 28 de septiembre de 1998. 6.- Se advierte al proponente del amparo que en la oportunidad en la que se realice la audiencia constitucional, deberá presentar copia certificada de la sentencia.