Sentencia N° 515 Constitucional TSJ 2000: Manuel T. Machado Bolívar — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por Manuel T. Machado Bolívar, quien alegó la nulidad de un remate judicial de su vehículo hurtado. La Sala determinó que el Juzgado Primero de Primera Instancia actuó fuera de su competencia al acordar la venta del vehículo, violando los derechos constitucionales del demandante al debido proceso y a la defensa. Se ordenó la entrega inmediata del vehículo al accionante y se declaró nulo el auto de remate.

La garantía constitucional del “debido proceso”, enunciada en el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República, representa el género que compendia en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable. En la doctrina, la citada garantía del “debido proceso” ha sido considerada en los términos siguientes: Desde la promulgación de la Constitución y de forma progresiva, tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. Podemos así afirmar, y ello en armonía tanto con el origen y posterior desarrollo como la naturaleza de la institución, que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del Estado de Derecho en nuestro país. Ahora bien, en el ámbito de las garantías constitucionales del proceso, cabe hacer mención expresa del derecho fundamental que representa para el justiciable la garantía de la defensa, contemplada en el artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República, en los términos siguientes: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso ...

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción interpuesta y, en consecuencia, CONFIRMA, la sentencia dictada, en fecha 5 de enero de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaratoria con lugar de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado MANUEL T. MACHADO BOLÍVAR contra el auto dictado, en fecha 5 de mayo de 1993, y el remate judicial celebrado, en fecha 22 de septiembre de 1993, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la citada Circunscripción, con sede en Los Teques.