Sentencia N° 511 Constitucional TSJ 2000: CARLOS GIL CASTILLO y MARIO NAIM MARCANO — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por los defensores de Carlos Gil Castillo y Mario Naim Marcano, en contra de una decisión de la Jueza Cuarta de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo. Los recurrentes alegaron violaciones a derechos y garantías constitucionales durante el proceso penal, incluyendo la presunción de inocencia y el debido proceso. La Corte de Apelaciones había declinado su competencia, lo que llevó a la Sala Constitucional a evaluar su propia jurisdicción en el caso.

Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que son inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “…será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad…” teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Igualmente ha precisado este Máximo Tribunal, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador, correspondiéndole a éste último repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Alejandro R. Yemes, Frais Hernández y Alejandro Yemes Nava, actuando como Defensores Definitivos de los ciudadanos CARLOS GIL CASTILLO y MARIO NAIM MARCANO. En consecuencia, ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que previa distribución, remita las presentes actuaciones a una de las Salas de la Corte de Apelaciones de ese Circuito.