Sentencia N° 508 Constitucional TSJ 2001: Marcos Gámez Mendoza vs Jorge Enrique Nieto Medina y María Luisa Sosa…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por Marcos Gámez Mendoza. La acción fue contra la sentencia del Juzgado Sexto que había declarado con lugar un recurso de hecho interpuesto por los demandados, argumentando que dicha decisión vulneró derechos fundamentales del accionante, como el derecho a la defensa y al debido proceso. La Sala determinó que el Juzgado Sexto se extralimitó en su función al conceder un recurso no previsto en la ley.

La acción de amparo que originó el fallo apelado fue interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 18 de abril de 2000, la cual declaró con lugar el recurso de hecho interpuesto por los demandados en el juicio principal. En tal sentido, adujo el accionante que la decisión cuestionada fue dictada por el presunto agraviante -Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas- 'fuera de su competencia procesal... extralimitándose en su función de juzgar', ya que -señala- 'el pronunciamiento que debía emitir sobre la procedencia del recurso de hecho, solo estaba limitado al establecimiento según la ley, de la apelabilidad o inapelabilidad por parte el demandado del auto que admite la reforma de la demanda'. Igualmente alegó, que tal decisión, al declarar con lugar el recurso de hecho ejercido por los demandados en el juicio principal, 'ordenando al juez de municipio oír la apelación, alteró el orden procedimental del proceso, en virtud que no existe norma en el Código de Procedimiento Civil, QUE ESTABLEZCA EL DERECHO DE APELAR DEL AUTO QUE ADMITA LA DEMANDA O SU REFORMA, cercenando de esta manera la garantía fundamental de ser juzgado acorde con un debido proceso'. Finalmente señaló que la decisión cuestionada es lesiva de sus derechos fundamentales relativos a la defensa, al debido proceso y a la transparencia de las decisiones judiciales, de conformidad 'con el artículo 49, ordinales 1 y 8 de la Constitución Nacional', por cuanto la misma, 'concede al recurrente de hecho un recurso que no tiene, que permite la revisión de un auto que no está sujeto a apelación' y violó el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil 'que obliga a los jueces a mantener a las partes en igualdad de condiciones'.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 1º de junio del año 2000, que declaró con lugar la solicitud de amparo interpuesta en contra de la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 18 de abril de 2000.