Sentencia N° 505 Constitucional TSJ 2000: Rommel José Medina Suárez — Amparo constitucional de Rommel José Medina Suárez

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional presentada por los abogados de Rommel José Medina Suárez, contra un auto de la Corte de Apelaciones que revocó un auto anterior. La Sala consideró que se infringieron derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, debido a la falta de notificación formal de la sentencia definitiva dictada en contra del demandante. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se ordenó la remisión del expediente a otra Sala de la Corte de Apelaciones para continuar con el trámite del recurso de apelación.

Dispone el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –cuyo texto aparece reimpreso en la Gaceta Oficial nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000- que las normas de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso, añadiendo en su parte final que cuando hayan dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. En el caso de autos, el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva en contra de Rommel José Medina Suárez desde el 15 de junio de 1999. Pero el mencionado Juzgado dejó de dar audiencias el día 16 de junio de 1999 hasta el 12 de julio de 1999, inclusive, según se aprecia del auto de fecha 29 de julio del mismo año emanado del Juzgado Décimo Cuarto del Primera Instancia del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas (denominación asignada a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código adjetivo penal), cuyo texto es el siguiente: “Vista la solicitud interpuesta por el ciudadano EDGAR LUGO VALBUENA, abogado en ejercicio de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 7.547, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RODRÍGUEZ HERES JOSÉ LUIS y GLADYS BERMÚDEZ DE RODRÍGUEZ: la suscrita MARBEL CASTILLA DE GRATEROL, Secretaria Accidental de este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en Función de Control, CERTIFICA: que desde el día 15-06-99 hasta el día 28-07-99, transcurrieron un total de doce (12) días hábiles, ha (sic) saber, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.” Ahora bien, para el momento en que se reanudan las actividades, el 13 de julio de 1999, ya había entrado en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, cuerpo de normas cuyo artículo 509 prevé como lapso para la apelación de las sentencias definitivas o interlocutorias, las cinco (5) audiencias siguientes a su notificación, por lo que, en beneficio del reo, debió entonces notificarse la decisión para luego proceder al cómputo del referido lapso. En tal razón, estima este Máximo Tribunal que la Sala nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, al revocar y declarar sin efecto el auto de fecha 6 de agosto del mismo año, -por considerar que era aplicable el artículo 50 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y que, por tanto, había transcurrido el lapso de 5 audiencias contadas a partir de la promulgación de la sentencia- infringió el derecho al debido proceso, y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Daniel A. Menori y Sergio Gutiérrez, actuando en su carácter de defensores del ciudadano ROMMEL JOSÉ MEDINA SUÁREZ, contra el auto dictado en fecha 11 de agosto de 1999 por la Sala nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante el cual revocó el auto dictado por esa misma Sala en fecha 6 de agosto de 1999; en consecuencia, a fin de restablecer la situación jurídica denunciada como infringida, se anula el auto de fecha 11 de agosto de 1999 y se ordena al Tribunal de Ejecución ante el cual curse la causa, que remita el expediente a la Oficina Distribuidora de Causas Penales, para que a su vez por sorteo remita a otra Sala de la Corte de Apelaciones, que habrá de continuar con los trámites correspondientes a la sustanciación del recurso de apelación interpuesto, para su decisión.