Sentencia N° 501 Constitucional TSJ 2000: Sergio Sánchez Fernández vs Inversiones M y K, C.A. — La inadmisibilidad de la acción…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil Seguros Los Andes, C.A. contra una sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Estado Táchira. La Sala determinó que la acción fue presentada extemporáneamente, ya que transcurrieron más de dos años desde la dictación de la sentencia cuestionada, lo que llevó a declarar la inadmisibilidad de la misma. La Sala también abordó la interpretación de los plazos para la interposición de recursos en materia de amparo, enfatizando que el derecho a la defensa no debe ser sacrificado en aras de la celeridad procesal. Se estableció que los plazos deben ser computados excluyendo días no laborables, garantizando así el acceso efectivo a la justicia. Finalmente, se revocó la decisión del tribunal inferior que había declarado inadmisible la acción de amparo, pero se concluyó que la acción era inadmisible por haber caducado el plazo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Como punto previo, observa esta Sala que en fecha 26 de marzo de 1998, el apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia sometida a consulta, la cual fue dictada el día 20 de marzo del mismo año. El tribunal de la causa no escuchó la apelación al considerar que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece un lapso de apelación de tres días, debe ser interpretado de conformidad con el artículo 13 ejusdem –referido a la celeridad procesal que inviste el trámite de la acción amparo-, concluyendo que el lapso a que se refiere el artículo 35 de la ley que rige la materia debe ser computado en días calendario consecutivos, en virtud de lo cual dictaminó que la apelación había sido interpuesta extemporáneamente, y ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara respecto de la consulta de ley. En relación con los lapsos para interponer el recurso de apelación en amparo, esta Sala Constitucional considera que admitir que el lapso de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe computarse por días continuos, incluyendo sábados, domingos y feriados, sería atentatorio contra el derecho a la defensa, principio cardinal del sistema procesal, pues el ejercicio del recurso de apelación se vería limitado de hecho, incluso cercenado, bien por la llegada del fin de semana, o alguna fiesta patria. En un Estado Social de Derecho y Justicia, como es el que preconiza el artículo 2 de la vigente Constitución, la literalidad de la leyes no puede interpretarse hacia lo irreal o lo absurdo. Lo cierto es que en el país no existe un sistema de justicia que funcione diariamente veinticuatro (24) horas, con jueces constitucionales de guardia en las noches y días feriados, y ante la ausencia de tal sistema, los jueces –incluyendo los constitucionales- en aras a su derecho al descanso y a la recreación, no laboran ni los sábados, ni los domingos, ni los días que contempla el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, manteniéndose los tribunales cerrados al público. Esta es la realidad, y resulta irreal, que como en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se establece que todos los días son hábiles (artículo 13), se computen a las partes como días para actuar aquellos en que no tienen acceso al tribunal, y por ende, al proceso. Tal interpretación literal del citado artículo 13 conduce a una minimización o pérdida del derecho de defensa de quien pretende apelar, y se presta a emboscadas judiciales por parte de jueces y partes deshonestas.

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 20 de marzo de 1998; y DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Sergio Sánchez Fernández, en representación de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A., en contra de la sentencia dictada el día 29 de enero de 1996 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.