Sentencia N° 500 Constitucional TSJ 2001: Jesús Salvador Velasquez Torres vs Juan Latouche Marroquí — Acción de amparo…

TSJ/SC, Sent. N° 500, Exp. 00-2158, 06/04/2001 · 6 de abril de 2001
Expediente00-2158
Parte actora / solicitanteJESÚS SALVADOR VELASQUEZ TORRES
Parte demandada / contraparteJUAN LATOUCHE MARROQUÍ
PonenteJESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-04-06
DecisiónIMPROCEDENTE

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional presentada por Jesús Salvador Velásquez Torres contra el juez provisorio Juan Latouche Marroquí, alegando violaciones a su derecho al debido proceso. La Sala determinó su competencia para conocer el caso y analizó la admisibilidad de la acción, concluyendo que la recusación presentada por el accionante no fue formulada en los plazos establecidos por la ley, lo que llevó a declarar improcedente la acción de amparo. La decisión se fundamentó en la caducidad de la solicitud de recusación y la falta de claridad en los motivos alegados por el accionante.

Extracto de la motiva

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo y al efecto considera que se trata de una acción incoada contra la actuación en un procedimiento judicial del Juez Provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores, Estabilidad Laboral y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida supuestamente violatoria de derechos y garantías constitucionales, por cuanto mediante una actuación que el accionante considera como una “decisión”, se abstiene de dar curso a una recusación formulada en su contra, y dado que las violaciones constitucionales que se produzcan en el curso de un procedimiento en la segunda instancia deben ser conocidas y decididas por los jueces superiores a ellos, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja) esta Sala como juez jerárquico superior del de Segunda Instancia, se considera competente para conocer de la presente acción y así se declara. Una vez determinada la competencia, pasa la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y al respecto observa: El accionante ha intentado la acción de amparo por considerar violado su derecho al debido proceso, al haberse abstenido el juez Juan Latouche Marroquí de darle curso a su recusación, con lo cual considera violados además de los artículos 49 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativos al debido proceso, y a la autoridad usurpada, el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es de anotar por esta Sala, que el recusante se refiere en su escrito al artículo 62, correspondiente a la numeración de la ley derogada, que corresponde al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente vigente, y que se refiere al tribunal competente para decidir la recusación de los jueces en los Tribunales Unipersonales.

Dispositiva

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la acción de amparo ejercida por el abogado JESÚS SALVADOR VELASQUEZ contra la actuación del Juez Provisorio del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores, Estabilidad Laboral y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Juan Latouche Marroquí. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia del presente fallo al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores, Estabilidad Laboral y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Palabras clave

amparo constitucionaldebido procesorecusaciónjuez provisoriocircunscripción judicialviolación de derechoscaducidadcompetencia

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