Sentencia N° 50 Constitucional TSJ 2001: Héctor Rafael Pérez vs Paul Murillo Murillo — Revocatoria de decisión de inadmisibilidad…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión de la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que había declarado inadmisible la acción de amparo presentada por el abogado HÉCTOR RAFAEL PÉREZ a favor de su defendido PAUL MURILLO MURILLO. La Sala Constitucional considera que el tribunal de apelaciones debió declararse incompetente y remitir el expediente a un tribunal de control, ya que el acto que se impugnaba era una privación de libertad sin un pronunciamiento fundamentado del juez de control. Se ordena el envío del expediente a un tribunal de control para que conozca de la solicitud de habeas corpus.

Una vez analizados los autos que conforman el expediente, esta Sala Constitucional disiente del criterio establecido por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en su decisión de fecha 5 de junio de 2000, en relación a la competencia para conocer de la acción de amparo propuesta por el abogado defensor del ciudadano PAUL MURILLO MURILLO, puesto que, como bien dejó establecido la decisión que se comenta, “...el accionante solicita se expida mandamiento de Habeas Corpus como consecuencia de la acción de amparo a la libertad prevista el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”, fundamentando su acción en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no puede concluirse, como así lo establece la decisión de la mencionada Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones, que se está accionando contra una actuación del Juez de Control No. 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Ahora bien, como se ha indicado en reiterada jurisprudencia de esta Sala, la normativa aplicable a las acciones de amparo de la libertad y seguridad personales son los artículos 7 último aparte, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el artículo 60 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen: “Art. 39: Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un Juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o donde se encontrare la persona agraviada, expida un mandamiento de habeas corpus”. “Art. 7: ... Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. “Art. 40: Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales. Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las sentencias dictadas por aquellos”. “Art. 60: ... Corresponde al tribunal de control hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. También será competente para conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personales”. De la normativa anteriormente transcrita se observa, que la ley consagra el derecho que tienen los ciudadanos de ejercer un amparo para solicitarle al juez le expida un mandamiento de habeas corpus, cuando ha sido ilegítimamente privado de su libertad, e igualmente se establece que el único competente para expedir ese mandamiento de habeas corpus, es el tribunal de control, y por lo tanto, ningún otro juzgado puede decidir un amparo sobre libertad y seguridad personales. En consecuencia, la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, una vez que dejó asentado en su decisión que el accionante estaba solicitando un mandamiento de habeas corpus, debió de conformidad con la normativa transcrita declararse incompetente y remitir el expediente sin analizar el fondo de la acción a un tribunal de control, quien es el único competente para estudiar el fondo de la acción y decidir si procede o no el mandamiento de habeas corpus.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Revoca la decisión de la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de fecha 5 de junio de 2000, donde se declaró competente para conocer de la presente solicitud de mandamiento de habeas corpus, solicitada por el abogado defensor del ciudadano PAUL MURILLO MURILLO. En consecuencia, se Ordena remitir el presente expediente, por intermedio de la oficina distribuidora, a un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a los fines de que conozca de la referida solicitud de amparo. Igualmente se Ordena se remita copia de la presente decisión a la mencionada Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.