Sentencia N° 4999 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de diciembre de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Enrique Montserrat contra el Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, por supuestas violaciones a normas constitucionales. La Sala argumenta que el accionante carece de legitimación procesal para actuar en nombre de todos los venezolanos, ya que no pertenece a una organización que represente a un sector de la sociedad. Además, se señala que la acción de amparo no puede ser admitida por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

En virtud de las razones expuestas, visto que en el presente caso el accionante carece de legitimación procesal activa para accionar en amparo en nombre de los venezolanos, resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, aparte quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia N° 1.205 del 13 de junio de 2005 (caso: “Armando Guerrero y otros”). En tal sentido, declarada inadmisible la presente acción de amparo constitucional, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada, ello en virtud de su carácter accesorio respecto de la acción principal. Así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE y declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado RAFAEL ENRIQUE MONTSERRAT, titular de la cédula de identidad N° 6.859.461 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 37.108, actuando en nombre propio y en representación de todos los venezolanos, contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías y “(…) todo su gabinete ejecutivo (…) por la evidencia clara y precisa de la violación flagrante de normas constitucionales en perjuicio de mi persona, mi familia y de todos los venezolanos (…)”. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.