Sentencia N° 496 Constitucional TSJ 2001: Diques y Astilleros Nacionales C.A. (Dianca) vs Edgar Lucas Rodríguez García

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por la empresa DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA) contra una sentencia de primera instancia. Se argumenta que el amparo no es procedente cuando existen recursos ordinarios disponibles, como el de apelación. Además, se destaca que la falta de notificación de la sentencia no configura automáticamente una violación del debido proceso, a menos que se demuestre que el juez estaba incurso en causales de recusación.

La acción de amparo es interpuesta en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, en fecha 20 de septiembre de 1999, dictada por la Juez Provisorio, para ese momento, pues –en criterio del accionante– se falla en contra de su representada sin abocarse al caso y notificar a las partes de su decisión, razón por la cual denuncia la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad ante la Ley y a una adecuada administración de justicia. En cuanto al objeto de la consulta, observa la Sala que se trata de una decisión de un Juzgado Superior que declara inadmisible la acción de amparo, con fundamento en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé la inadmisibilidad cuando el agraviado haya optado por hacer uso de los medios judiciales preexistentes. La naturaleza de la acción de amparo constitucional, en tanto considerada extraordinaria, fue revisada por esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), en la cual se asentó que: '[L]a doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de trasgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene.'

CONFIRMA la decisión dictada el 30 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta por el abogado Luis De Abreu Rodríguez, en representación de la empresa DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA), contra la decisión dictada en fecha 20 de septiembre de 1999 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo. Deja sin efecto todo lo actuado en el proceso ventilado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, en el juicio por daños materiales y morales derivados de accidente de trabajo y de enfermedad que el ciudadano Edgar Lucas Rodríguez García siguió contra la empresa DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES C.A. (DIANCA) a partir de la publicación de la decisión, por lo que el tribunal debe notificar a las partes a los fines de que estas ejerzan los recursos de ley que consideren pertinentes.