Sentencia N° 49 Constitucional TSJ 2000: Félix Corral Sobrino vs Eduardo Berlín Briner — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Berlín Briner. La Sala determinó que no se violaron los derechos de defensa ni se incurrió en los vicios de ultrapetita y reformatio in peius en la sentencia impugnada. Se establece que la sentencia objeto del amparo no modificó sustancialmente la pretensión principal del demandante.

La pretensión fundamental del demandante arrendador, ciudadano Félix Corral Sobrino, según se deduce del libelo de la demanda, es que se “cumpla con la ejecución del citado convenimiento (sic) de fecha 21 de marzo de 1996”, contrato de transacción éste contenido en documento que fue anexado al mencionado escrito. Debe entenderse entonces que las peticiones concretas del demandante fueron formuladas con base en tal contrato de transacción. Respecto a lo anterior es que debe compararse la sentencia presuntamente lesiva, a los fines de determinar si el Juzgado de Primera Instancia, al conocer en Alzada, incurrió en ultrapetita, y consiguientemente conculcó los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso del accionante. A juicio de esta Sala, de tal comparación no se aprecia el citado vicio, puesto que, como ha sentado el a quo, “la sentencia objeto del amparo no modificó en su aspecto sustancial el contenido de la pretensión principal”. En efecto, condenar al accionante a la entrega del inmueble, y al pago de cánones hasta su entrega definitiva, son órdenes complementarias que se derivan de la pretensión principal, y sin cuya existencia la plena satisfacción del petitum no sería posible. Es por ello que no se observa en el presente caso vicio de ultrapetita alguno que conculque los derechos constitucionales del accionante, y así se declara. Con respecto al vicio de reformatio in peius en que supuestamente incurrió el mencionado Juzgado, en los términos que han sido descritos supra, a juicio de esta Sala en el presente caso no se cumplen los supuestos que permitan afirmar que se haya desmejorado la condición del apelante en sentido procesal. En este contexto debe indicarse que, si bien la Alzada extendió los efectos de su decisión “por cuanto el demandado debe pagar los cánones de arrendamiento, como ya se ordenó, hasta que haga, al identificado Félix Luis Corral Sobrino, la total entrega del local comercial libre de bienes y personas” (subrayado añadido), sin embargo ello no ocasiona desmedro alguno de la posición del apelante, ya que de lo que se trata es de fijar, en el ámbito de la relación sustancial que se dirime, los efectos de la decisión en el tiempo, como una facultad del juez de corregir inequidades que puedan conducir al mantenimiento del arrendatario en el inmueble, más allá de la expiración del contrato, sin realizar pago alguno por tal concepto. Por lo tanto, en el presente caso no se configura el vicio de reformatio in peius alegado por el accionante, por lo que en este respecto, tampoco prospera el amparo constitucional solicitado, motivo por el cual esta Sala debe confirmar la decisión del Juzgado a quo, y así se declara.

CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 26 de octubre de 1999, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 1998, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.