Sentencia N° 484 Constitucional TSJ 2001: Ariana Jiménez Silva, María Iginia Romero… vs Ingeniero Enrique Hernández Boscan

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de ciudadanos contra el Ingeniero Enrique Hernández Boscan, Jefe del Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito declinó su competencia, remitiendo el caso a la Sala Constitucional. Sin embargo, la Sala determinó que no era competente para conocer la acción, ya que no se señalaba al Ministro de Desarrollo Social como ente agraviante, y la solicitud no encuadraba dentro de los supuestos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Siendo la competencia para conocer de un caso sometido al conocimiento de este Alto Tribunal el primer aspecto a dilucidarse, pasa la Sala a realizar las siguientes consideraciones: Tal como consta en el expediente bajo examen, un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Comunidad “Simón Bolívar” de Bárbula, a través de sus apoderados judiciales, interpusieron por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, una acción de amparo constitucional contra la conducta en que incurrió el Ingeniero Enrique Sánchez Boscán, Jefe del Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural, Región Segunda del Ministerio de Desarrollo Social al ordenar el desalojo de sesenta (60) familias que habían construido sus viviendas en un área de terreno perteneciente a la División de Malariología del Ministerio de Sanidad adyacente a la comunidad Simón Bolívar en Bárbula, Estado Carabobo. Dicho Juzgado declaró su propia incompetencia para conocer de la presente acción el día 28 de febrero de 2000, declinando su competencia, tal como se refirió, en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, argumentando lo siguiente: En primer lugar señala que acorde al artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales le corresponde a la Sala Constitucional conocer en única instancia de las acciones de amparo intentadas contra los hechos, actos y omisiones emanados de los ministros de acuerdo a la sentencia de fecha 20 de enero de 2000, donde claramente se definió la competencia de la Sala Constitucional para conocer del presente asunto. Pasa la Sala a examinar los hechos y encuentra que en este caso no se señala al Ministro de Desarrollo Social como ente agraviante, o por lo menos, la solicitud no señala ningún acto que pueda considerarse proveniente del Ministro que viole algún derecho constitucional. De hecho la acción de amparo es interpuesta en contra de la conducta del Ingeniero Enrique Sánchez Boscán, Jefe del Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural Región Segunda, del Ministerio de Desarrollo Social. En consecuencia, al no encuadrarse el supuesto agraviante dentro del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala no es competente, siendo que el Tribunal competente para conocer del medio de impugnación incoado es un Tribunal Superior con competencia en lo Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, y así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer la acción de amparo interpuesta por ciudadanos Ariana Jiménez Silva, María Iginia Romero Ramones, Margarita Solange Soto Suárez y otros, asistidos por los abogados Laura Burgos de Mejías y Mario Ramón Mejías Delgado, contra el ciudadano Ingeniero Enrique Hernández Boscán, Jefe del Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural, Región II Carabobo adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y DECLINA el conocimiento de la presente acción en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte la competencia para conocer y decidir la presente causa. Publíquese, regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte. Cúmplase lo ordenado.