Sentencia N° 483 Constitucional TSJ 2000: ELÍAS SANTANA y LILIANA ORTEGA vs Consejo Nacional Electoral — La suspensión de las…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Elías Santana y Liliana Ortega, en representación de las organizaciones 'Queremos Elegir' y 'Cofavic', contra el Consejo Nacional Electoral. La acción se fundamentó en la violación de derechos constitucionales relacionados con la transparencia y confiabilidad del proceso electoral programado para el 28 de mayo de 2000. La Sala constató que no existían condiciones técnicas adecuadas para garantizar un proceso electoral justo y transparente.

Todo proceso eleccionario en una sociedad democrática constituye una reafirmación y fortalecimiento de su decisión de vivir en igualdad y libertad, valores cuya realización requiere del ejercicio del espíritu de fraternidad, el cual no es otra cosa que la solidaridad del colectivo en la consecución de un propósito común. Aunque no revestida de solemnidad, que sí de formalidad, la expresión de la voluntad del cuerpo electoral, constituido por los ciudadanos y demás personas titulares del derecho al voto, por ser la expresión viva de la esencia de la democracia, constituye su acto más solemne. Es, en el fondo, la manifestación de voluntad de cada persona de ser partícipe del destino de una nación conforme a la decisión soberana de ésta, de constituirse en Estado y de concurrir en la prescripción de las reglas fundamentales tendentes a la conformación de los poderes públicos. El acto de votación y el sufragio que de él emana constituyen el momento culminante del ejercicio de la soberanía popular y, por ende, el más eminente y respetable. Por ello, el constituyente y el legislador han hecho extremos sus cuidados para que en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna, cada persona con derecho a hacerlo, en cabal conocimiento de las opciones formalizadas, concurra con su voto en plena libertad, a conformar la voluntad del cuerpo electoral. A tales efectos, es en primer lugar necesario información, y no cualquiera, sino aquélla que aperciba al elector para efectuar su aporte a la constitución de la voluntad política de modo libre, cabal y consciente. De los alegatos y datos suministrados en la audiencia constitucional y, especialmente, de lo reconocido por los representantes del Consejo Nacional Electoral, la Sala constata que la violación del derecho constitucional previsto en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y alegada por los accionantes, ha quedado debidamente acreditada y que, en consecuencia, la información requerida para que el derecho al sufragio pueda ser ejercido en términos justos, no es idónea.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos ELÍAS SANTANA y LILIANA ORTEGA, titulares de la Cédulas de Identidad nos. 4.349.290 y 6.925.767, respectivamente, actuando en nombre propio y en el de las organizaciones 'QUEREMOS ELEGIR' y el 'COMITÉ DE FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LOS SUCESOS DE FEBRERO-MARZO DE 1989' ('COFAVIC'), contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; en consecuencia: 1.- SE SUSPENDE íntegramente el acto electoral fijado por la Asamblea Nacional Constituyente para el 28 de mayo de 2000. 2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo único, numeral 2 del Decreto de Ampliación de las Competencias de la Comisión Legislativa Nacional sobre el Régimen de Transición del Poder Público, disposición según la cual fue asignada a la Comisión Legislativa Nacional la competencia para la modificación, en caso de que sea estrictamente necesario, de la fecha para la realización de las elecciones; en concordancia con el artículo 6, numeral 17 del Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición del Poder Público, que prescribe igualmente como competencia del mencionado organismo el fijar las fechas para los comicios de los cargos de elección popular, se ORDENA remitir el presente fallo a la COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL a fin de que proceda a fijar en forma perentoria, es decir, con la urgencia que impone el caso, -previa subsanación también perentoria de los vicios y fallas técnicas denunciados, con vista de los informes que le sean suministrados por el Consejo Nacional Electoral-, una nueva fecha para la realización del acto electoral, con los mismos candidatos postulados sin admitirse nuevas postulaciones, ya que las etapas cumplidas en el proceso electoral permanecerán inalterables. 3.- A partir de la presente fecha y hasta la fecha que determine el Consejo Nacional Electoral, QUEDA SUSPENDIDA LA CAMPAÑA ELECTORAL correspondiente al presente proceso. 4.- Se ORDENA remitir copia del presente fallo al Ministerio Público a fin de que practique las investigaciones necesarias y determine las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar. 5.- Se ORDENA remitir copia de este fallo al Ejecutivo Nacional, a fin de que si fuera pertinente, se instruya al Procurador General de República, para que accione el resarcimiento de los daños causados al Estado, por parte de las empresas que facilitaron la tecnología, si es que a ello hubiere lugar.