Sentencia N° 480 Constitucional TSJ 2001: María Yolanda Tori de Granadillo vs Ministro del Interior y Justicia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por María Yolanda Tori de Granadillo contra el acto administrativo del Ministro del Interior y Justicia, que afectaba su derecho a la jubilación. La Sala se declaró competente para conocer del caso y ordenó la notificación al Ministro, así como la fijación de audiencia constitucional. Además, se negó la medida cautelar solicitada por el Ministro, manteniendo la protección de los derechos de la demandante.

La jurisprudencia de este Supremo Tribunal (caso Corporación L’Hotels, C.A.) dejó sentado la amplitud de criterio que, según la Sala, tiene el juez del amparo para decretar medidas cautelares, permitiéndole valorar los recaudos que se acompañan; con la mayor flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias urgentes de cada caso. En el caso de autos, la presunta agraviada fundamentó la solicitud de suspensión de efectos del acto atacado, en el artículo 5, único aparte de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y al respecto se observa que tales disposiciones no contemplan las medidas precautelares concordantes con la naturaleza de la acción autónoma de amparo, y por lo tanto, no pueden servir de fundamento para tal solicitud; sin embargo, esta Sala, echando mano al principio iura novit curia, a través del cual el juez tiene la facultad de dar a los hechos una calificación jurídica diferente a la de las partes y así restablecer la situación jurídica que se alega fue vulnerada, entiende que el objeto de la “protección constitucional anticipada” pretendida por la accionante va dirigida a la suspensión de los efectos del acto a través del cual fue transferida al cargo de Notario Público, solicitud que encuadra perfectamente en la figura de la medida cautelar innominada consagrada en los artículos 588 y 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al amparo constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA YOLANDA TORI DE GRANADILLO contra el acto administrativo dictado por el ciudadano Ministro del Interior y Justicia contenido en la resolución N° 675 de fecha 12 de septiembre del año 2000, publicada en Gaceta Oficial N° 37.037 de fecha viernes 15 de septiembre del mismo, la cual se ADMITE. En consecuencia ordena: 1.- Notificar de esta decisión al ciudadano Ministro de Interior y Justicia, haciéndole saber que deberá hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, a fin de que exponga lo que estime pertinente acerca de la acción de amparo a que se contraen las presentes actuaciones. Se advierte que la falta de comparecencia se entenderá como aceptación de los hechos incriminados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2.- Notificar al Ministerio Público la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Se NIEGA la medida cautelar solicitada por el ciudadano Ministro del Interior y Justicia contenido en la resolución N° 675 del 12 de septiembre de 2000, publicada en Gaceta Oficial N° 37.037 del 15 de septiembre del mismo año, a través del cual se transfirió a la abogada María Yolanda Tori de Granadillo, del cargo de Registrador Mercantil a un cargo de Notario Público. Publíquese, regístrese y notifíquese.