Sentencia N° 471 Constitucional TSJ 2001: Universidad de Carabobo vs Gerardo Páez García — Amparo Constitucional a favor de la…
TSJ/SC, Sent. N° 471, Exp. 00-0627, 06/04/2001 · 6 de abril de 2001
Expediente00-0627
Parte actora / solicitanteUNIVERSIDAD DE CARABOBO
Parte demandada / contraparteGerardo Páez García
PonentePEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-04-06
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Universidad de Carabobo contra decisiones del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo. Se argumenta que las decisiones impugnadas vulneran derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica, ya que se pronuncian sobre asuntos ya decididos y firmes. La Sala confirma la sentencia del Juzgado Superior que había declarado con lugar el amparo, y se ordena remitir copia del fallo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Extracto de la motiva
Siendo la oportunidad para decidir la presente causa se observa que, la misma, se recibió en esta Sala en virtud del recurso de apelación ejercido por el ciudadano Gerardo Páez García, contra la decisión del 26 de abril de 1995, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por considerar el recurrente que la misma fue dictada en contra de decisiones firmes. Igualmente señaló que la referida decisión declaró la nulidad de la sentencia cuando la misma se encontraba en fase de ejecución, haciéndolo inaudita parte y, por consiguiente, causándole un gravamen irreparable. Como punto previo estima esta Sala pertinente hacer referencia al alegato de la parte recurrente de la sentencia de primera instancia, realizado en el escrito presentado el 20 de julio de 1995, en el cual se señala que el Juez a quo, al admitir la presente acción de amparo, debió tratar el contradictorio como un litisconsorcio necesario, debiendo habérsele puesto en conocimiento de la existencia de la presente causa a los fines de ejercer debidamente su derecho a la defensa. Al respecto se observa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales nada establece sobre los sujetos del proceso de amparo contra decisiones judiciales; sin embargo, esta Sala Constitucional, mediante sentencia del 1º de febrero de 2000, al referirse a los parámetros para la tramitación del amparo ejercido contra decisiones judiciales, estableció la necesidad de notificar al juez o encargado del Tribunal y, en cuanto a las partes del juicio originario, señaló que deberán ser notificadas para que puedan hacerse parte en el proceso de amparo. Sin embargo, la omisión del Juez en el presente caso no resultó lesiva a la esfera de derechos del hoy recurrente, puesto que el mismo, según se desprende de los autos, consignó escrito mediante el cual explanó sus alegatos y defensas, demostrando así haberse encontrado en conocimiento del curso del proceso de amparo, incluso con anterioridad a la notificación del titular del Tribunal presuntamente agraviante, teniendo de esta forma la posibilidad de intervenir y hacerse parte en el mismo, o de participar en la audiencia constitucional, posibilidad que jamás fue cercenada, por lo que debe desecharse tal argumento y así se decide.
Dispositiva
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la Universidad de Carabobo contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada por Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 26 de abril de 1995, y declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por Gerardo Páez García, contra la citada sentencia. Igualmente se ordena remitir copia del presente fallo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a los fines previstos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.