Sentencia N° 467 Constitucional TSJ 2001: Distribuidora Vifrasa, S.A. vs Gerente de la Aduana Principal de La Guaira

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la sentencia del Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Tributario que había declarado con lugar la acción de amparo interpuesta por DISTRIBUIDORA VIFRASA, S.A. contra el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira. La Sala concluye que la negativa del Gerente de Aduana a realizar un segundo reconocimiento sobre la mercancía importada vulnera el derecho a la defensa de la empresa, pero el mandamiento de amparo emitido por el a quo es considerado erróneo e incongruente. Finalmente, se declara sin lugar la acción de amparo constitucional.

El fallo cuya consulta compete absolver a esta Sala, está fundamentado, tal y como se señaló con anterioridad, en el hecho de que la potestad establecida en cabeza del Jefe de Aduanas por la Ley Orgánica de Aduanas de ordenar un segundo reconocimiento sobre las mercancías objeto de una importación, no es facultativa, sino que obedece a un derecho del administrado. Para llegar a tal conclusión, el fallo alude al contenido de los artículos 7, 49 y 171 de la Ley Orgánica de Aduanas; particularmente al segundo de los mencionados, en el cual se dispone que: “El Jefe de Aduanas deberá ordenar la realización de nuevos reconocimientos cuando así lo requiera el Ministerio de Hacienda o cuando, en virtud de planteamientos del consignatario, del exportador o de los reconocedores, en los plazos que señala el Reglamento, surgieren dudas razonables sobre la exactitud y corrección del acto. En el nuevo reconocimiento intervendrán funcionarios distintos a los que realizaron el anterior” (Subrayado de la Sala). La palabra “deberá” implica, no cabe duda, obligatoriedad por parte del Jefe de Aduanas, de ordenar el nuevo reconocimiento al verificarse alguno de los supuestos que la norma enumera. Sin embargo, es de señalar que dicha norma fue derogada con anterioridad a la ocurrencia de los hechos objeto del presente caso. En efecto, la nueva Ley Orgánica de Aduanas, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.575 de fecha 05-11-98, entró en vigencia sesenta (60) días después de su publicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 de la misma. En este sentido, es un error por parte del fallo en consulta, el haber aludido a una norma no vigente para el momento en que suceden los hechos bajo juicio. El mencionado artículo 49 fue modificado y pasó a ser el artículo 54 en la nueva Ley Orgánica de Aduanas, con la siguiente redacción: “El jefe de la oficina aduanera podrá ordenar la realización de nuevos reconocimientos cuando lo considere necesario, o a solicitud del consignatario, conforme a las normas que señale el Reglamento, o cuando se trate de efectos que presenten condiciones de peligrosidad, que amenacen la integridad de otras mercancías, personas, instalaciones y equipos, que estén sujetos a inmediata descomposición o deterioro, o cuando existan fundados indicios de alguna incorrección o actuación ilícita” (Subrayado de la Sala). Tal y como se observa, la nueva norma substituye la palabra “deberá” por “podrá”, de lo cual podría interpretarse que conforme a la nueva normativa, es potestativo del Jefe de Aduana el ordenar o no el nuevo reconocimiento, no estando obligado a hacerlo ante la existencia de los supuestos previstos en la norma. Tal interpretación, sin embargo, a juicio de la Sala, no es la correcta. La propia naturaleza e importancia del reconocimiento hacen inaceptable el que, ante la existencia de supuestos que justifiquen uno nuevo, su realización sea negada con base en la simple voluntad del Jefe de Aduanas.

1° REVOCA la sentencia emitida por el Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Tributario del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de mayo de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por DISTRIBUIDORA VIFRASA, S.A. contra actuaciones del Gerente de la Aduana Principal de La Guaira. 2° Declara SIN LUGAR la mencionada acción de amparo constitucional interpuesta. 3º Ordena oficiar a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema del Poder Judicial, a los fines de que se pronuncie acerca de la responsabilidad disciplinaria que, con motivo de la decisión revocada en este fallo, pueda tener la ciudadana María Elena Rondón, Juez Superior Sexto en lo Contencioso Tributario del Area Metropolitana de Caracas.