Sentencia N° 466 Constitucional TSJ 2001: Dilia Parra Guillén, Juan Carlos Gutiérrez… — Nulidad por inconstitucionalidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 15, numeral 9, de la Ley Orgánica del Distrito Federal, presentada por varios ciudadanos, entre ellos la Defensora del Pueblo. La Sala admitió la demanda y se pronunció sobre la competencia para conocer del caso, señalando que corresponde a esta Sala el control de la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, se determinó que la norma impugnada había sido derogada, lo que llevó a la Sala a declarar la inadmisibilidad de la acción de nulidad, considerando que las leyes derogadas no pueden ser objeto de tal acción.

Declarado lo anterior, corresponde a esta Sala revisar la admisibilidad de la acción de nulidad por inconstitucionalidad ejercida por los ciudadanos Dilia Parra Guillén, en su carácter de Defensora del Pueblo para ese entonces, Juan Carlos Gutiérrez, Luz Patricia Mejía Guerrero y Alberto Rossi Palencia, quienes procedieron, igualmente para ese entonces, con el carácter de Director General de Servicios Jurídicos, el primero; Directora de Recursos, la segunda; y Abogado Defensor adscrito a la Dirección de Recurso de la Defensoría del Pueblo, el tercero; tal y como consta de las designaciones y comisiones anexas en fotocopias a dicho escrito; contra el artículo 15, numeral 9, de la Ley Orgánica del Distrito Federal, hoy derogada, publicada en la Gaceta Oficial nº 3.944, Extraordinario del 30 de diciembre de 1986, todo ello de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 281, numerales 1 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto se observa, que el 8 de marzo de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 36.906, la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 28 de enero del mismo año, la cual en su artículo 36 derogó expresamente la Ley Orgánica del Distrito Federal, cuyo artículo 15, numeral 9, es impugnado por los recurrentes. Ahora bien, esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 8 de junio de 2000 (Caso: Enrique Agüero Gorrín y Otros) señaló: '[...] en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 1996 la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa sostuvo el mismo criterio, al precisar que entre las circunstancias determinantes de la relación procesal en el recurso de inconstitucionalidad, ‘tiene especial relieve la existencia misma del acto impugnado por inconstitucionalidad, cuya validez o nulidad viene a constituirse precisamente, en la materia u objeto del proceso’, por lo que al solicitarse la nulidad de un acto que ya ha cesado en su vigencia, el recurso carece de objeto. Por otra parte, mediante sentencia de 6 de diciembre de 1973, con motivo de la impugnación de un Acuerdo del Consejo Municipal del Distrito Federal, derogado posteriormente por una Ordenanza, la Corte Suprema de Justicia ratificó el criterio señalado, en los siguientes términos: 'Ahora bien, por efecto de la promulgación de la citada Ordenanza, el recurso interpuesto en este procedimiento carece, para el momento, de toda finalidad y objeto, en virtud de que el Acuerdo impugnado de nulidad fue derogado y sustituido por la Ordenanza en vigor. En este mismo orden de razones, cualquier vicio o defecto que pudiera haber padecido el mencionado Acuerdo, habría quedado remediado por el nuevo estatuto, sancionado y promulgado conforme a la ley. En consecuencia, el presente recurso de nulidad carece de objeto, y por tal motivo, resulta inútil la decisión que se pronuncie sobre sus planteamientos'. Así las cosas, esta Sala Constitucional considera que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, lo que quiere decir que de ninguna manera las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales. Siendo ello así, debe ratificarse que las leyes derogadas están excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas acción de inconstitucionalidad, por cuanto las mismas han perdido su vigencia. En tal caso, vendría el nuevo texto legal a ser el instrumento cuestionable, de objetarse las atribuciones del Alcalde Metropolitano, figura que antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la creación del Distrito Metropolitano de Caracas, se correspondía con la del Gobernador del Distrito Federal. Asimismo, revisadas como han sido las actas del expediente, no existen elementos de convicción que lleven a la Sala a considerar un posible efecto generado con ocasión de la aplicación de la norma cuya nulidad se solicita y menos aun que se mantenga hasta hoy día.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR a la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con amparo y medida cautelar innominada y, subsidiariamente, recurso de colisión, ejercida por los ciudadanos Dilia Parra Guillén, quien para ese entonces ostentaba el cargo de Defensora del Pueblo, según Gaceta Oficial nº 36.859, publicada en fecha 29 de diciembre de 1999; Juan Carlos Gutiérrez, Luz Patricia Mejía Guerrero y Alberto Rossi Palencia; procediendo igualmente para ese entonces, con el carácter de Director General de Servicios Jurídicos, el primero; Directora de Recursos, la segunda; y Abogado Defensor adscrito a la Dirección de Recurso de la Defensoría del Pueblo, el tercero; tal y como consta de las designaciones y comisiones anexas en fotocopias a dicho escrito; contra el artículo 15, numeral 9, de la Ley Orgánica del Distrito Federal, hoy derogada, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 281, numerales 1 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el presente expediente.